Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2025.
Denunciar la corrupción en tu organización puede ser algo muy delicado, pero no hacerlo te convierte en cómplice.
La corrupción es un cáncer que carcome las organizaciones. Detectarla a tiempo puede salvarlas; ignorarla, destruirlas.
Si un trabajador detecta prácticas corruptas en su organización, debe vencer el miedo y comunicarlo utilizando los sistemas internos de información. La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ampara a estos trabajadores, que ahora cuentan con un marco legal de protección. Esta norma adapta la Directiva (UE) 2019/1937.
La Ley 2/2023 garantiza que toda persona pueda comunicar infracciones dentro de su organización a través de un canal de denuncias interno o sistema interno de información. Además, debe poder hacerlo de forma segura, confidencial y sin riesgo personal de sufrir represalias.
Se consulta la fecha que ha de tomarse como referencia a efectos de determinar el cumplimiento del requisito de encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión de jubilación, establecido en el apartado 1.b) del artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para el acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.
(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana. El conjunto de nuevas medidas tiene por objetivo reforzar la reconstrucción y mejorar y ampliar el apoyo a los afectados por la dana, agilizando los procedimientos de las ayudas vigentes. La nueva norma prorroga y mejora la protección para empresas y autónomos, y las ayudas para las entidades locales afectadas, además de para vivienda, vehículos, inversión industrial, sector de la cultura y servicios sociales, entre otros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto destinado a desarrollar el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. El texto establece los criterios generales y operativos que permitirán determinar los casos en los que resulta aplicable la norma.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha publicado la Guía de Actuación Inspectora sobre Trabajo en Plataformas Digitales, un instrumento ideado para mejorar la prevención de los riesgos laborales que implica esta actividad facilitando la identificación de sus características.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre (con entrada en vigor el 23-10-2025), por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
A través de esta partida económica y de la propia norma, este sistema se adapta a las especificidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello. Y se da cumplimiento al desarrollo normativo de la Ley ELA, en tiempo y forma según lo que marca el propio texto legislativo, esto es, antes de cumplirse un año de la publicación de esta ley en el BOE. De esta forma, este real decreto-ley introduce cambios en el SAAD para ofrecer a las personas con ELA la cobertura que necesitan.
La implantación de un canal de denuncias no solo es un requisito legal, sino una herramienta necesaria para fomentar la transparencia, la ética corporativa y la confianza en las organizaciones.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha cambiado la forma en que las empresas deben gestionar las denuncias internas.
Este marco normativo, que incirpora la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, obliga a muchas organizaciones a establecer canales internos de denuncias seguros y confidenciales, así como a proteger a los informantes frente a posibles represalias.
