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El salario emocional cada vez cobra más importancia, sobre todo desde que la covid-19 nos visitó para quedarse un tiempo entre nosotros, deteriorando la salud mental de muchos ciudadanos.

Pero ya antes de la pandemia, gracias a la evolución de nuestra sociedad con las nuevas generaciones a la vanguardia, se antepone cada vez más la calidad de vida a la remuneración, siempre y cuando partamos de una remuneración salarial digna y acorde al perfil del trabajador.

Podemos decir que se está cambiando el paradigma de «vivir para trabajar» por el de «trabajar para vivir».

Incluso algunos de los trabajadores de las llamadas big four, acostumbrados a trabajar más de 8 horas comienzan a rebelarse contra las largas jornadas que pueden rondar las 84 horas semanales, reclamando un cambio de cultura en la organización.

• Las dos Líneas de Avales puestas en marcha principalmente a través del ICO para garantizar la liquidez y financiación de autónomos y empresas están siendo un instrumento esencial para mantener el tejido productivo, con más de un millón de préstamos avalados, que han permitido canalizar más de 127.135 millones de euros de financiación a las empresas 
  
• La primera línea de avales, de 100.000 millones de euros para liquidez, ya se ha utilizado en casi su totalidad. En cuanto a la segunda línea, de 40.000 millones para inversión y liquidez, se han movilizado con el de hoy seis tramos por un total conjunto de 26.550 millones de euros
  
• En paralelo a la recuperación económica, en los dos últimos meses se ha duplicado el ritmo de utilización de los avales públicos, especialmente por pymes y autónomos. Hasta el 24 de mayo, a través de la segunda Línea de
• Inversión y Liquidez se han avalado 67.832 operaciones por un importe de 5.618 millones de euros que han permitido movilizar financiación por importe de 7.260 millones
  
• El nuevo tramo movilizado hoy permitirá destinar 10.000 millones de euros en garantías para nueva financiación a pymes y trabajadores autónomos y 5.000 millones para el resto de empresas de todos los sectores productivos, para impulsar su capacidad de inversión de cara a la recuperación
  
• Los nuevos préstamos que se formalicen podrán tener, según el régimen aplicable, un vencimiento de hasta 10 años cuando el deudor no haya obtenido ayudas públicas por encima de 1.800.000 euros 

• El Real Decreto aprobado hoy define qué debe entenderse como persona con capacidad intelectual límite a efectos laborales y establece las medidas de acción positiva para promover su empleabilidad
  
• La norma permite avanzar en el cumplimento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
  
• Los empleadores podrán disponer de subvenciones para la contratación estable y la accesibilidad de los puestos de trabajo
  
• Se amplía el periodo de duración para que los contratos para la formación y el aprendizaje puedan adaptarse a las circunstancias específicas de este colectivo

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la guía ‘Protección de datos y relaciones laborales’ con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. Esta guía ha sido elaborada por la Agencia con la participación tanto del Ministerio del Trabajo y Economía Social como de la patronal y organizaciones sindicales.

La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo a los derechos de las personas trabajadoras como en la recogida y el uso de sus datos por parte de los empresarios. Asimismo, la guía también aborda temas que se plantean cada vez con mayor frecuencia, como la consulta por parte del empleador de las redes sociales de la persona trabajadora, los sistemas internos de denuncias (whistleblowing), el registro de la jornada laboral, la protección de los datos de las víctimas de acoso en el trabajo o de las mujeres supervivientes a la violencia de género o el uso de la tecnología wearable como elemento de control.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la octava prórroga del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

La medida entrará en vigor desde las 00:00 del día 25 de mayo (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 8 de junio de 2021 (hora peninsular).

Desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de mayo de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Mediante el despido el empresario toma la decisión unilateral de acabar con la relación laboral que mantiene con un trabajador, algo que desgraciadamente es más habitual de lo que debiera, ya que con los despidos en muchas ocasiones se pierde tiempo y dinero, aunque por otra parte a veces es la única forma de garantizar la viabilidad de una empresa.

La pandemia que vivimos nos ha familiarizado con los ERTE por fuerza mayor, una especie de despido temporal subvencionado en su mayor parte por el Estado, pero aun así, desgraciadamente, muchas empresas tardarán en retomar sus niveles de actividad previos a la crisis. En esta tesitura, no son capaces de afrontar los costes salariales de sus plantillas y tienen que buscar la mejor forma de extinguir los contratos laborales de estos, bien sea a través despidos de manera individual o colectiva.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen las características y requisitos de aplicación de las medidas de apoyo público a la solvencia de autónomos y empresas establecidas en el Real Decreto-ley 5/2021, así como el Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos o se hayan beneficiado de reavales públicos desde el 17 de marzo de 2020.