Noticias

El Consejo de Ministros ha acordado distribuir entre las comunidades y ciudades autónomas 730,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la economía de los cuidados. Las cantidades concretas para cada una de ellas será acordada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que los fondos tienen carácter finalista, y, por tanto, irán destinados a actuaciones enmarcadas en tres planes concretos.

• Las Comunidades Autónomas podrán ampliar los sectores beneficiarios de estas ayudas para incluir a autónomos y empresas de otros sectores que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia 
  
• Asimismo, de manera excepcional las Comunidades Autónomas podrán otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019
  
• Se habilita a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado un Criterio Técnico, el número 104, sobre actuaciones de este organismo en materia de riesgos psicosociales, dejando vigente el anterior 69/2009 en lo que no se oponga al actual y el 87/2011 sobre prevención del riesgo de atraco en los lugares de trabajo, -todos se pueden consultar al final de la noticia-.

El actual Criterio tiene su base en la Comunicación de la Comisión Europea de 10-1-2017 sobre “Trabajo más seguro y saludable para todos” en el que ya se señalaba que los riesgos psicosociales y en particular, el estrés laboral “suponen unos de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y que está en progresivo aumento”. Esta situación incide en la organización del trabajo ya que las ausencias por estrés son “relativamente largas, conduce a una reducción del rendimiento y puede motivar un aumento de las siniestralidad”.

Con la entrada en vigor el 14 de abril de 2021 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, entra en vigor una nueva medida burocrática para las empresas, para garantizar algo que ya debería ser garantizado por el sentido común: la igualdad de salario entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo.

Sin embargo, como el sentido común es el menos común de los sentidos, se añaden nuevas obligaciones en materia laboral para las empresas, con el objetivo de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor.

En el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, ya se indica que «el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella».

La Unión Europea exige a los Estados miembros que garanticen en caso de discriminación por razón de sexo reparaciones efectivas a las víctimas y sanciones disuasorias, para intentar reducir la brecha de género en el ámbito salarial, que se sitúa actualmente en el 14,1% de diferencia entre hombres y mujeres con un mismo nivel laboral.

• La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales determinará cómo se reparte el total presupuestado
  
• La propuesta mantiene o incrementa las partidas de cada comunidad autónoma consignadas en 2020
  
• Se aumenta la dotación destinada a los Centros Especiales de Empleo
  
• Esta distribución de fondos se incrementará con los 688 millones de euros asignados al Plan de Recuperación Transformación y resiliencia

El Consejo de Ministros ha aprobado la quinta prórroga del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

La medida entrará en vigor desde las 00:00 del día 13 de abril (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 27 de abril de 2021 (hora peninsular).

Desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para ejecutar así los créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Plan "España te protege (III) - creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual". Estos créditos alcanzan un importe de 19.800.000 euros, según criterios objetivos y se corresponden con este ejercicio económico. Dicho importe se destinará a la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Estos centros de crisis ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año. Cumpliendo con criterios de atención permanente y actuación urgente, los centros facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno. Además, la entrada en funcionamiento del centro de crisis 24 horas tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación interno e interinstitucional con la red de servicios de atención, protección y asistencia a víctimas.