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La sostenibilidad del sistema público de pensiones es un debate recurrente que salta a la palestra cada cierto tiempo.

Según un reciente estudio publicado por la Fundación de Estudios Aplicados de Economía (FEDEA) sobre el impacto de la reforma de las pensiones de 2021-23, la creciente brecha entre prestaciones y cotizaciones amenaza con drenar recursos necesarios para atender otras prioridades.

El creciente aumento del gasto en pensiones, que en 2050 alcanzará límites alarmantes, obliga a plantear medidas de ajuste y a repensar las modalidades de jubilación para conciliar sostenibilidad y protección social.

Sin embargo, a pesar de los alarmantes datos sobre la sostenibilidad del sistema, las pensiones contributivas se revalorizaron en 2025 un 2,8%.

A continuación analizaremos las claves para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, las modalidades de jubilación que ganan protagonismo tras la reforma de 2025 y las principales implicaciones para los asesores laborales y responsables de recursos humanos.

• La formación no laboral en las empresas no ha de constituir una fórmula que degrade las condiciones de trabajo
  
• Las personas becarias no pueden ser Trabajadores low cost
  
• Regula las prácticas formativas en empresas, instituciones y organismos públicos o privados
  
• Las acciones formativas deberán recogerse en un plan individual y obligatorio para cada persona
  
• Las personas en prácticas no podrán sustituir a personas trabajadoras
  
• La actividad de la empresa deberá estar relacionada con el itinerario formativo
  
• Las personas en práctica formativa podrán hacer uso de los servicios que ofrezcan el centro de trabajo
  
• La Inspección de Trabajo tendrá acceso a la documentación de estas prácticas

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, coloquialmente denominado como Estatuto del Becario, que por una parte, delimita las actividades formativas y las estrictamente laborales y, por otra, determina el régimen jurídico de las personas durante el tiempo que desarrollan esta actividad formativa en una empresa, institución u organismo público o privado.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2025.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas

Denunciar la corrupción en tu organización puede ser algo muy delicado, pero no hacerlo te convierte en cómplice.

La corrupción es un cáncer que carcome las organizaciones. Detectarla a tiempo puede salvarlas; ignorarla, destruirlas.

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Si un trabajador detecta prácticas corruptas en su organización, debe vencer el miedo y comunicarlo utilizando los sistemas internos de información. La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ampara a estos trabajadores, que ahora cuentan con un marco legal de protección. Esta norma adapta la Directiva (UE) 2019/1937.

La  Ley 2/2023 garantiza que toda persona pueda comunicar infracciones dentro de su organización a través de un canal de denuncias interno o sistema interno de información. Además, debe poder hacerlo de forma segura, confidencial y sin riesgo personal de sufrir represalias.