Nuevas ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y medidas de protección laboral y de Seguridad Social

El BOE de 4 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.

La norma establece un régimen extraordinario de ayudas económicas para las víctimas y sus familiares, incorpora medidas específicas de protección laboral y de Seguridad Social y modifica la legislación de consumidores y usuarios para limitar los incrementos de precios en determinadas situaciones de emergencia.

Desde la perspectiva sociolaboral, destacan especialmente dos medidas: la protección de las personas trabajadoras afectadas por los problemas de movilidad derivados del accidente y la consideración excepcional de determinadas prestaciones de Seguridad Social como derivadas de accidente de trabajo.

El real decreto-ley entra en vigor el 4 de noviembre de 2026, el mismo día de su publicación en el BOE.

1. Protección de las personas trabajadoras afectadas por las alteraciones ferroviarias

La disposición adicional tercera establece una protección específica para las personas trabajadoras que, como consecuencia del accidente ferroviario de Urda o de las alteraciones del servicio, no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar puntualmente su prestación laboral.

En estos supuestos:

• Las empresas no podrán sancionar a las personas trabajadoras por las ausencias o retrasos derivados de dichas circunstancias.
• Las personas afectadas tampoco podrán sufrir perjuicio alguno en su relación laboral por estos motivos.
• Las compañías ferroviarias deberán facilitar justificantes acreditativos de las incidencias que hayan provocado alteraciones en el servicio.

2. Las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente se asimilan excepcionalmente a las de accidente de trabajo

Una de las principales novedades sociolaborales se recoge en la disposición adicional cuarta, que establece un régimen excepcional para determinadas prestaciones de Seguridad Social causadas como consecuencia del accidente ferroviario del 28 de octubre de 2026.

Incapacidad temporal

Los procesos de incapacidad temporal (IT) iniciados antes del 30 de noviembre de 2026 como consecuencia del accidente tendrán la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente a efectos de la prestación económica de IT.

Esta asimilación implica que no se exigirá un período mínimo de cotización para acceder al subsidio, conforme al artículo 172.b) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Los procesos deberán identificarse mediante el código que determine el Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además, cuando los procesos de IT deriven de un accidente de trabajo, se reconocerá dicha contingencia sin aplicar la exclusión prevista en el artículo 156.4.a) de la LGSS.

Incapacidad permanente y prestaciones por muerte y supervivencia

Las pensiones de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante sea consecuencia del accidente, tendrán excepcionalmente la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo.

Esta asimilación se establece exclusivamente a efectos del cálculo de su cuantía económica y siempre que resulte más favorable para la persona beneficiaria.

Asimismo, las prestaciones que deriven de accidente de trabajo conservarán esa consideración sin que resulte aplicable la exclusión del artículo 156.4.a) de la LGSS.

Personas beneficiarias y aplicación retroactiva

La protección excepcional alcanza a las personas trabajadoras por cuenta propia y ajena, con los siguientes requisitos:

• Para la IT, deberán encontrarse en alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social en la fecha del hecho causante.
• Para las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, podrán encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta.

La medida se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud, y tendrá efectos retroactivos desde la fecha de efectos del subsidio o de la pensión, incluso cuando el derecho se hubiera extinguido o la pensión ya estuviera reconocida al entrar en vigor el real decreto-ley.

Pensiones del Régimen de Clases Pasivas

Las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de los padres reconocidas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado tendrán excepcionalmente la consideración de prestaciones extraordinarias cuando su hecho causante derive del accidente.

Esta consideración se aplicará exclusivamente para calcular su cuantía económica y siempre que resulte más favorable, conforme al artículo 49 de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

3. Ayudas económicas extraordinarias a las víctimas y sus familiares

El capítulo I regula ayudas económicas destinadas a las personas fallecidas o lesionadas en el accidente y, en los casos de fallecimiento, a determinados familiares y personas vinculadas con las víctimas.

Las principales cuantías son:

Las cuantías por lesiones se determinan conforme a las 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Las ayudas tienen carácter no reembolsable, están exentas de tributación en el IRPF y son compatibles con otras ayudas públicas y con las indemnizaciones que correspondan conforme a la normativa sectorial y los seguros aplicables.

La norma contempla también una ayuda adicional (disp. adic. primera), de igual importe que la ayuda ordinaria correspondiente, en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

En este último caso, el Estado se subrogará en los derechos de crédito de las personas beneficiarias hasta el importe anticipado. Si la indemnización finalmente reconocida fuera inferior al anticipo, no tendrán que devolver la diferencia; si fuera superior, recibirán el exceso.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 3 meses desde la publicación de la resolución que establezca el procedimiento de solicitud y gestión, con posibilidad de ampliación por causas justificadas.

4. Limitación de los incrementos de precios en situaciones de emergencia

El artículo 9 modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En concreto, modifica el artículo 20.1.c) e incorpora un nuevo artículo 20 ter, que regula la limitación del incremento del precio final de determinados bienes y servicios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras.

Como regla general, el precio máximo será el mayor precio al que se hubiera ofertado el bien o servicio, o uno de naturaleza análoga, durante los 30 días anteriores a la situación sobrevenida.

La regulación incorpora varias particularidades:

• Si el precio máximo de referencia supera en más de un 50 % el precio medio del período, se tomará como referencia este último incrementado en un 50 %.
• Se permiten incrementos justificados por aumentos acreditables de costes o necesarios para introducir nuevos bienes o servicios que contribuyan a paliar la emergencia.
• Para bienes y servicios de marcada estacionalidad podrá utilizarse el precio del mismo período del año anterior, actualizado de acuerdo con el IPC.
• Los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de las cantidades cobradas por encima del precio máximo aplicable.

La limitación se aplicará en los supuestos previstos en el nuevo artículo 20 ter, incluidos determinados contextos excepcionales identificados mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Además, la disposición adicional quinta establece su aplicación a los servicios afectados por el accidente ferroviario de Urda y a las conexiones ferroviarias que continúen suspendidas como consecuencia de este.

Esta aplicación específica estará vigente, conforme se establece en la disposición transitoria segunda del real decreto-ley, hasta el 10 de noviembre de 2026, sin perjuicio de su posible prórroga mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Las medidas que afecten a la libertad de precios del transporte y estén sujetas a las correspondientes exigencias del Derecho de la Unión Europea requerirán autorización expresa de la Comisión Europea antes de aplicarse (disp. adic. sexta).

5. Extensión de medidas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gélida

La norma incorpora también disposiciones relativas a los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), ocurridos en enero de 2026.

En particular, la disposición transitoria tercera extiende la posibilidad de causar determinadas prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia a las personas trabajadoras que, en la fecha del hecho causante, se encontraran en situación asimilada a la de alta, además de aquellas que estuvieran en alta.

Por último, la disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, para reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y la Administración en la tramitación de los anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.