Balance de gestión 2010 de la Tesorería General de la Seguridad Social

Los ingresos por recaudación ejecutiva aumentaron un 8,6% - Las empresas objeto de un control específico sobre primeras deudas ascendieron a 94.218 durante el pasado año

Durante el año 2010 la Seguridad Social autorizó 103.544 aplazamientos, 11.831 más que en 2009, lo que supone un incremento del 12,9 %, según el balance de gestión que ha presentado hoy el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Javier Aibar, quien ha explicado que para la concesión de aplazamientos se ha tenido en cuenta la difícil situación por la que atraviesan algunas empresas y trabajadores autónomos cuyos proyectos empresariales, siendo viables, presentan dificultades de liquidez; por ello, cuando éstos atraviesan por problemas de carácter coyuntural, pero acreditan su viabilidad, se les facilita la autorización del aplazamiento, consiguiendo con ello su continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Se impulsa la contratación a tiempo parcial de jóvenes y personas en desempleo de larga duración, con una reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social durante 12 meses.

Contempla una ayuda de 400 euros, vinculada a la realización de acciones de orientación y formación, para aquellas personas que, a partir del 16 de febrero, agoten su protección por desempleo

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para promover el tránsito al Empleo Estable y la Recualificación Profesional de las Personas Desempleadas.

Este Real Decreto-Ley desarrolla el conocido como Plan de Choque, incluido en el Acuerdo Económico y Social suscrito con los agentes sociales, y que contempla cuatro medidas concretas con un carácter coyuntural:

Desde el 1 de enero de 2011 hay un nuevo Convenio de Seguridad Social con la República de Ecuador que sustituye al de fecha 8 de mayo de 1974.

• Ver Convenio de Seguridad Social entre el reino de España y la República de Ecuador

La reforma consolida un modelo basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha presentado el proyecto del nuevo Reglamento de extranjería, uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Gobierno para gestionar la inmigración.

El futuro reglamento, al desarrollar las estipulaciones de la nueva Ley de Extranjería de 2009 permite dar respuesta -según ha explicado la secretaria de Estado- a los nuevos retos planteados por el cambio de ciclo migratorio. La vinculación entre inmigración y mercado de trabajo explica que, en estos dos últimos años, haya habido un importante descenso de los flujos de entrada de inmigrantes. El Reglamento perfecciona los mecanismos de gestión previstos y pone el mayor énfasis en la integración y el fortalecimiento de la cohesión social.

Desde 2004 se ha concedido la residencia por esta vía a 78 progenitores extranjeros de menores españoles

El Código Civil español, que regula la atribución de la nacionalidad española, establece diferentes medios de adquisición para las personas nacidas en España.

En primer lugar, hay que partir del sistema del ius sanguinis que establece la legislación española: los hijos, como regla general, tendrán la nacionalidad de sus padres. Este es el sistema seguido en la mayoría de países del mundo.

Ahora bien, como consecuencia de la existencia en determinados países del sistema denominado ius soli, existen situaciones en las que el nacimiento del menor en otro país que no sea el de la nacionalidad de sus progenitores, no atribuye ninguna nacionalidad, y cuya regulación se contempla en el artículo 17 del Código Civil español.

El pasado mes de noviembre en esta misma página se informó de la fijación por el Consejo de Ministros de un calendario legislativo prioritario donde se detallaban las iniciativas legislativas que el Gobierno preveía aprobar en los siguientes meses.

De ese calendario se destacaba, entre otras, la Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones.

Por su parte la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, contiene numerosas remisiones a otras reformas de gran calado tanto en el plano reglamentario como en el plano legal.

Con el propósito de ofrecer una guía de la evolución de la “hoja de ruta” prevista de las reformas anunciadas, se ofrecen los documentos de trabajo barajados para hacerlas efectivas en relación con los dos grandes ámbitos a desarrollar: mercado de trabajo y pensiones.

Mercado de trabajo

Una vez ratificado el Acuerdo Social y Económico (ASE) por los órganos de dirección de las Confederaciones Empresariales (CEOE y CEPYME) y Sindicales (CCOO y UGT), hoy miércoles 2 de febrero está prevista su firma por los agentes sociales y el Gobierno durante un acto en el Palacio de la Moncloa.

El resultado de las negociaciones se estructura en distintos tipos de Acuerdo.

El primero de ellos, de carácter tripartito, se refiere a tres ámbitos específicos: la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo y otras medidas de índole laboral y, por último, el ámbito de las políticas industrial, energética y de innovación.

El Consejo de Ministros, tras el principio acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales ha aprobado el anteproyecto de ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social.

La finalidad que persigue este texto legal es reforzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones español en la línea marcada por las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de enero.