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Ciudadanos, empresas y profesionales ya tienen la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito sus deudas en vía ejecutiva con la Seguridad Social. El servicio, disponible a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, permite solventar los expedientes de apremio, providencias de apremio y expedientes de aplazamientos. No supone coste alguno y para su uso no será necesario un certificado digital.

De esta forma, se facilita el pago de la deuda a la Seguridad Social sin necesidad de desplazamientos, lo que beneficia especialmente a los ciudadanos que se encuentran fuera del territorio español.

Su Majestad  la Reina, presidenta de honor del Consejo del Real Patronato de la Discapacidad, ha recibido el galardón en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, tras reunirse con su secretario general, Ban Ki Moon.

Este reconocimiento (considerado el "Nobel de la Discapacidad"), es otorgado por la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia y el Instituto Roosevelt, y está dotado con 50.000 euros, que han sido entregados al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo presidente, Luis Cayo Pérez Bueno ha asistido al acto.

España fue el primer país del Grupo de Europa Occidental y el segundo en el mundo en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

* Incorpora las principales alegaciones de diferentes asociaciones de víctimas.

* Se incrementan las indemnizaciones por daños materiales, se eleva el límite cuantitativo de las ayudas psicológicas y se mejora la regulación de las ayudas educativas y psicopedagógicas.

* Por primera vez, los amenazados por los terroristas recibirán ayudas y podrán hacerlo con carácter retroactivo, como consecuencia de amenazas sufridas desde 1 de enero de1960.

* Como "ventanilla única", el Ministerio del Interior será el encargado de gestionar todas las ayudas con el objetivo de facilitar a las víctimas los trámites de solicitud.

* Se abre el plazo de un año para que las víctimas puedan solicitar la diferencia entre las indemnizaciones inicialmente cobradas por atentados cometidos desde el 1 de enero de 1960 y la cantidad establecida por la ley, para solicitar indemnizaciones a quienes no hayan cobrado ayudas y para aquellos que en un futuro puedan ser víctimas del terrorismo.

España ya ha dado pasos importantes en este sentido, pues está revisando su regulación de Ensayos Clínicos y ha propuesto un Registro Estatal. Además, nuestro país lidera el grupo trabajo que está elaborando una propuesta de directiva de ensayos clínicos actualmente en proceso y objetivo prioritario de la presidencia Lituana, como área líder de investigación.

La ministra ha valorado positivamente la creación de un Portal único de Ensayos Clínicos Europeos y una base de datos. Sin embargo, ha apuntado la necesidad de que sea compatible y complementario con las herramientas de ensayos clínicos nacionales pues en España, por ejemplo, ya hay un portal. Además, ha propuesto añadir a este sistema una base de datos sobre medicamentos no autorizados en la UE, con el fin de dar soporte en la evaluación de los aspectos de calidad y seguridad de estos medicamentos.

El número de parados en el mes de agosto de 2013 ha disminuido por primera vez desde el año 2000 en 31 personas, según los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal. Se trata del mejor comportamiento del paro registrado en un mes de agosto desde el año 2000.

De hecho, la variación del desempleo en un mes de agosto en toda la serie histórica, desde 1996, muestra una subida media del desempleo de 27.439 personas.

En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.870.215, lo que supone 13.700 parados menos que el valor desestacionalizado del paro registrado en julio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, han presentado a los representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme una propuesta que mantiene los principios esenciales de la seguridad social: un modelo de reparto, prestación definida, contributivo y de solidaridad generacional.

Se trata de una propuesta para el proceso de diálogo y de participación social y política. En este sentido, Báñez ha recalcado que el Gobierno está abierto a debatir sobre la modernización del sistema de pensiones a medio y a largo plazo.

El Comité de expertos que nombró el Gobierno, compuesto por doce “sabios”, emitió a principios de junio un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones.

¿En qué consistía su propuesta?

El informe apuesta por mantener los principios generales de la Seguridad Social española. Es decir, el modelo de reparto, básicamente contributivo, y de solidaridad intergeneracional (una generación trabaja para que la generación anterior pueda cobrar su pensión). A partir de ahí, propone introducir un factor de sostenibilidad con dos componentes: un coeficiente relacionado con la esperanza de vida del trabajador al acceder a la pensión; y otro que se aplicaría anualmente para revalorizar la prestación en función de los gastos e ingresos del sistema.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 4.208,53 millones de euros a 31 de julio de 2013, frente a 2.375,15 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

Este saldo positivo de 4.208,53 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 76.605,05 millones de euros, que aumentan un 5,44% y unas obligaciones reconocidas de 72.396,52 millones de euros, que crecen en un 3,02% en relación al mismo periodo del año anterior. Los gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha alcanzarían un importe aproximado de 729 millones de euros.