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La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.516.056 el pasado enero, un 2,36% menos que el mes anterior (-36.583). Desde que existe estadística comparable en enero nunca se han producido crecimientos de la ocupación, una inercia que se rompe en términos interanuales: es la primera vez desde 2008 que aumenta el número de ocupados respecto al año anterior.

En concreto, la tasa anual presenta un avance del 0,08%, el equivalente a 1.235 afiliados más, tras los repetidos descensos de los últimos eneros en los que se llegaron a registrar caídas del  -6% (2009).

En el mensaje del Secretario General de la AISS se afirma que la justicia social es inseparable del pleno respeto de las libertades y los derechos humanos fundamentales, incluido el acceso a la seguridad social

El 20 de febrero las Naciones Unidas celebrarán el Día Mundial de la Justicia Social. La justicia social se define como el pleno respeto de las libertades y los derechos humanos fundamentales. Se sabe, sin embargo, que en el año 2015 el goce del derecho humano a la seguridad social sigue siendo, a lo sumo, parcial para una parte significativa de la población mundial. Tal y como reconoce desde hace mucho tiempo la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), no puede existir justicia social sin seguridad social, y este es el objetivo de la labor de las organizaciones miembros de la AISS.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el “Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y al acoso y la violencia en la Carrera Judicial”.

El documento ha sido elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial -que presiden los vocales del CGPJ Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya, respectivamente-, después de haber oído a los representantes de todas las asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

El Ministerio de Justicia estudia incluir en su proyecto de revisión del actual sistema de tasas judiciales, impulsado en su momento por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, la eliminación de la obligación de su pago, al menos en la primera instancia, para ciudadanos, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El departamento que dirige Rafael Catalá está ultimando un informe dirigido a modificar la actual ley que beneficiará, además, a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de febrero de 2015.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha propuesto  a los grupos parlamentarios alcanzar un acuerdo a partir de julio de este año que permita reforzar un sistema, el de la Dependencia, que es “un pilar del Estado de Bienestar”, ya que los objetivos políticos al respecto son “compartidos”. Durante su intervención en respuesta a una interpelación del grupo socialista, el ministro ha recordado que el próximo mes de julio vencerá el calendario de aplicación de la Ley, tal y como constaba en su Memoria, y será entonces un momento propicio para analizar el funcionamiento del sistema y concretar posibles campos de mejora.

Se entiende por colocación adecuada:

• La profesión demandada por la persona trabajadora ante los Servicios Públicos de Empleo.
• La profesión habitualmente desempeñada.
• Otra profesión que se ajuste a las aptitudes físicas y formativas del demandante.
• La profesión desempeñada en último lugar si duró al menos tres meses.

Sin embargo, tras un año de percepción de prestaciones de manera ininterrumpida, tendrá consideración de colocación adecuada cualquier profesión a criterio de los Servicios Públicos de Empleo. 

Un decreto ley destina tres millones para cubrir necesidades de las personas en riesgo de exclusión en municipios de menos de 20.000 habitantes

El Gobierno andaluz ha acordado prorrogar durante el ejercicio económico de 2015, con una dotación de tres millones de euros, la línea de ayudas directas a los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado sobre esta actuación que, a su juicio, supone una nueva "apuesta por las personas, demostrando que otra forma de hacer política es posible". Asimismo, la ha enmarcado en el apoyo a los colectivos más desfavorecidos por parte de un gobierno "especialmente sensible con los sectores que peor lo han pasado durante la crisis".