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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha realizado una reorientación de fondos con los que cuenta el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, con el objeto de dar cobertura a las nuevas necesidades de determinados colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Gracias a esta nueva distribución, 140.000 nuevos usuarios podrán beneficiarse de la acción de este programa que financia el Fondo Social Europeo y que cuenta con un presupuesto total desde 2007 y hasta 2013 de 545.055.377 euros.

En total, se van a reorientar 51 millones de euros a la Fundación ONCE, Cáritas Española, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano y el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para que refuercen sus programas dirigidos a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas a las que dirigen su actividad: personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, inmigrantes, población gitana y reclusos. Se trata de una cantidad que, además, se eleva a los 74 millones de euros si se considera la cofinanciación que dichas organizaciones deben de realizar.

Las empresas que tengan la intención de solicitar las bonificaciones en las cotizaciones por contingencias profesionales por haber invertido en la prevención de riesgos laborales tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. El plazo para que las entidades gestoras y las mutuas presenten los informes preceptivos para que se hagan efectivas esas bonificaciones se ha ampliado hasta el 15 de agosto.

Si quiere ver recompensados sus esfuerzos en materia de riesgos laborales a lo largo de 2011, cuenta con unos días más para solicitar una bonificación en las cotizaciones por contingencias profesionales de su empresa. El plazo se ha ampliado hasta el 30 de junio para las empresas, que deben presentar su solicitud ante la mutua o entidad gestora con la que tengan cubierta las contingencias profesionales. Entidades y mutuas también han visto ampliado el plazo para elaborar los informes preceptivos y remitirlos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en este caso hasta el 15 de agosto.

El jueves se votarán las enmiendas del Senado a tres proyectos de Ley, que culminarán su tramitación una vez que la Cámara Baja decida si ratifica o rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.

Así, se verán las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero); al Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo), y al Proyecto de Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (procedente del Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de marzo).

El mundo corre el riesgo de perder una generación si no enfrenta con urgencia la crisis de empleo juvenil, señaló la OIT en un documento adoptado en su Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que se llevó a cabo del 30 de mayo al 14 de junio en Ginebra.

A menos que se emprendan medidas inmediatas y enérgicas, la comunidad mundial tendrá que afrontar el sombrío legado de una generación perdida”, declararon los delegados en el informe.

El documento enumera las medidas que los gobiernos pueden adoptar, con el apoyo de empleadores y trabajadores, como: abordar el desajuste entre la oferta y demanda de competencias, mejorar los sistemas de empleo-formación y promover la capacidad empresarial de los jóvenes.

El TJUE ha reconocido hoy, en sentencia de 21 de junio de 2012, Asunto C-78/11, que la IT sobrevenida durante el disfrute de las vacaciones anuales retribuidas permite su disfrute en un período distinto y por el tiempo coincidente. Con esta sentencia se cierra el círculo referente a las distintas posibilidades que podían generarse en torno a las situaciones de IT y las vacaciones anuales retribuidas.

Con origen en un conflicto residenciado en España, entre la Asociación Nacional de Grandes Almacenes (ANGED) y las principales centrales sindicales, y que fue objeto de la célebre sentencia de la Audiencia Nacional que reconocía por primera vez el derecho al disfrute de las vacaciones anuales retribuidas íntegramente cuando concurría una situación como la descrita (SAN de 23 de noviembre de 2009, 151/2009), se planteó la cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo en fecha de 26 de enero de 2011 (Auto 249/2009). A su vez, esta resolución goza del “privilegio” de protagonizar la primera vez en que el Tribunal Supremo dirige una cuestión prejudicial al TJUE, rompiendo la sensación transmitida durante muchos años de alejamiento o ajenidad respecto del ordenamiento comunitario.

Para esta declaración el TJUE no aporta argumentaciones novedosas sino que amparándose en jurisprudencia anterior (básicamente en las SSTJUE de 20 de enero de 2009, Asuntos acumulados núms. C-350/06 y C-520/06 Schultz-Hoff; de 10 de septiembre de 2009, Asunto C-277/08, Vicente Pereda; y de 24 de enero de 2012, Asunto C-282/10, Maribel Domínguez) declara expresamente que “carece de pertinencia el momento en que sobreviene dicha incapacidad. Por consiguiente, el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas coincidentes con un período de baja por enfermedad en un período posterior, con independencia del momento en que haya sobrevenido esa incapacidad laboral.”

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy, en la clausura de la junta directiva de ATA, una medida de fomento del autoempleo con el objeto de incentivar que los estudiantes de enseñanza universitaria y formación profesional puedan compatibilizar su formación con el trabajo por cuenta propia, gracias a una nueva rebaja en su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

La ministra ha explicado que el objetivo de la medida, que se encuentra en fase de estudio y que se sumará a las ya existentes, es impulsar la cultura del emprendimiento y fomentar el autoempleo como alternativa laboral entre los estudiantes españoles, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país

De esta forma, los jóvenes podrán compatibilizar su formación con un trabajo por cuenta propia, además de hacerlo con un trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, a través del Contrato de Formación y el Aprendizaje.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pone a disposición de los ciudadanos, a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un nuevo servicio que permitirá la presentación telemática de solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia y trabajo, así como de residencia de larga duración.

A partir de hoy 18 de Junio se abre a todos los interesados con certificado electrónico la posibilidad de solicitar tanto las solicitudes de residencia de larga duración por residencia legal y continuada de 5 años como las renovaciones de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena solicitadas por un empleador a favor de un extranjero, y que en el momento de la renovación continúa con esa relación laboral y las renovaciones de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia inicial, siempre que continúe con la misma actividad. Esta plataforma dará cabida al gran número de autorizaciones que solicitan los ciudadanos extranjeros y que actualmente se gestionan en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuando una empresa procede a un despido colectivo/ERE viéndose afectados trabajadores de 55 o más años de edad, está obligada a abonar las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial hasta que el trabajador  cumpla 63 años -61 años cuando se trate de un ERE por causas económicas-, momento a partir del cual esa financiación recaerá exclusivamente sobre el trabajador.

El convenio especial regulado en la Orden TAS/2865/2003 tiene como finalidad que los trabajadores continúen en alta o asimilada al alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda una vez que finalice su actividad laboral, en este caso por la existencia de un despido colectivo/ERE en su empresa.

Pero, ¿qué sucede si la empresa extingue los contratos y no suscribe el convenio especial? ¿Qué consecuencias se derivan si suscribiéndolo no abona las cuotas?