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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del viernes día 22 de julio, y a propuesta del vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y ministro de Política Territorial y Administración Pública, un Real Decreto para la ampliación de medios traspasados a la Generalitat de Cataluña sobre traspaso de las funciones y servicios en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo se ha publicado en el BOE mediante el Real Decreto 1099/2011, de 22 de julio.

Con anterioridad a los servicios ya traspasados por el Real Decreto 206/2010, se convocaron procesos selectivos para diversas plazas del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, entre las cuales varias plazas están afectadas por los servicios que ya se traspasaron. Asimismo, en virtud de sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, que afectan a las retribuciones de personal previas a la efectividad del traspaso, procede ampliar los medios económicos para adecuar las valoraciones del coste efectivo del mismo.

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF han firmado el pasado día 27 de julio, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para prevenir estas conductas en la Administración General de Estado y en los organismos dependientes y afrontarlas de manera efectiva en el caso de que se produzcan.

El objetivo de este plan, que cumple uno de los compromisos adoptados por la Secretaría de Estado para la Función Pública en materia de igualdad, es garantizar a los empleados públicos un entorno de trabajo donde se respete plenamente su dignidad a través, en primer lugar, de medidas de prevención (información, formación y Sensibilización), así como actuaciones de protección y asistencia a las víctimas y de carácter sancionador para los autores del acoso.

La estrategia pretende cubrir una necesidad real: las dificultades que aún persisten para que las personas con discapacidad accedan a algunos ámbitos y espacios relacionados con la cultura. Se calcula que algo más de un 29 por ciento de personas con discapacidad, según la Encuesta Edad, tienen dificultades en acceder a determinadas actividades culturales o de ocio.

Entre las novedades del plan cabe citar la auditoría de los espacios y servicios culturales del Ministerio de Cultura bajo criterios de accesibilidad, la promoción del  cine subtitulado y del teatro accesible, proporcionar en los museos estatales guías multimedia, la adopción de programas de lectura adaptada para personas con discapacidad intelectual, incentivos económicos o la creación de un órgano de seguimiento de todas estas iniciativas, el Foro de la Cultura Inclusiva.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.321,21 millones de euros en los primeros seis meses de 2011, frente a 9.913,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de información contable de la Seguridad Social.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de junio representa el 0,76%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.100 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha subrayado que "es un acuerdo largo tiempo esperado y de gran alcance, que afecta a las personas con menor nivel de protección en el ámbito de la relación laboral y de los derechos sociales".

La norma responde al mandato del Parlamento -contenido en la reciente Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social (pendiente de publicación en el BOE)- que instaba al Gobierno a modificar la relación laboral especial del empleo en el hogar familiar, con efectos de 1 de enero de 2012.

Además, coincide con el objetivo de integración del Régimen Especial de  Empleados de Hogar en el Régimen General previsto en la Ley General de la Seguridad Social, y culmina un proceso iniciado por el Gobierno y los interlocutores sociales en el Acuerdo de Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado en junio de 2006, que tuvo continuidad en el Acuerdo Social y Económico, suscrito en febrero de 2011, por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó el pasado 1 de julio los 7.100 millones de euros (7.100.866), un 4,9% más que en el mismo mes de 2010, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 916,19 euros, un 3,5% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 805,77 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,3 %.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la Recomendación Nº 200 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre VIH y el SIDA, 2010 y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

Esta recomendación pretende reforzar el impacto del Repertorio de recomendaciones y prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo de 2001, en cuya aplicación existen limitaciones y lagunas.

A estos efectos, aborda el impacto que el VIH y el SIDA tienen en la sociedad y el mundo del trabajo, afectando a la economía formal e informal y socavando el logro del trabajo y el desarrollo sostenible, con particular incidencia en los sectores más afectados por la pobreza y la desigualdad social, económica y de género. Destacan los problemas de estigmatización, discriminación, falta de información y sensibilización y dificultades en el acceso a la prevención y al tratamiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establece la reactivación, tal y como contemplaba el Acuerdo de 2008, el período transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos.

Así, los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo. Esta medida en ningún caso tendrá efecto alguno sobre aquellos rumanos que ya forman parte del mercado laboral español.

Ésta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales, que persigue ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo. La comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española.