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El Congreso de los Diputados ha culminado la tramitación de la Ley de Jurisdicción Social, que queda aprobada de forma definitiva tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado, que quedaron ratificadas salvo las relativas a los apartados 1 y 3 del artículo 235, que fueron rechazadas. Este artículo, relativo a la imposición de costas, quedará de este modo redactado tal y como lo aprobó en su día la Cámara Baja.

Así, se determina que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Esta Ley pretende clarificar la jurisdicción competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes 23 de septiembre, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 que tiene como principal objetivo fortalecer la cohesión social, en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes.

El fin que persigue es reforzar, tanto los instrumentos y políticas de integración, como los servicios públicos y de participación, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

En la actualidad, la integración de los inmigrantes es uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española y un pilar básico de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno desde 2004, junto con la lucha contra la inmigración

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó el pasado 1 de septiembre los 7.131 millones de euros (7.131.852), un 4,8% más que en el mismo mes de 2010, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La pensión media de jubilación ha alcanzado este mes la cuantía de 918,77 euros, un 3,5% más con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 807,64 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2 %.

La edición correspondiente al año 2011 de la Guía Laboral, una publicación editada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya está disponible en papel y se puede consultar a través de Internet, en la web del Ministerio: http://www.mtin.es/es/Guia/index.htm

Esta publicación se elabora en el marco de la política de información y atención al ciudadano y tiene como objetivo satisfacer la demanda de información de instituciones, profesionales y personas interesadas en las materias que competen a este Ministerio. El contenido de la Guía se actualiza anualmente y este año 2011 se ha realizado hasta el 14 de julio.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de agosto de 2011, por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia.

También incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de actividad.

Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen de la siguiente manera:

El Congreso Mundial, que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre de 2011 en Estambul, Turquía, reunió a 5.400 participantes procedentes de más de 140 países, y fue organizado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La exposición sobre seguridad y salud, llevada a cabo conjuntamente con el Congreso, atrajo a alrededor de 12.000 visitantes. Desde el primer Congreso Mundial celebrado en 1955, este evento trienal ha brindado una importante plataforma internacional para profesionales, especialistas y responsables de la formulación de políticas de seguridad y salud en el trabajo (SST).

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 15 de septiembre, un Real Decreto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas modificaciones afectan a doce Reales Decretos y a cinco Ministerios. Su objetivo es adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención, en la línea marcada por la Ley de 1 de agosto de 2011 sobre adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La regulación de las condiciones básicas de accesibilidad afecta a sectores como transportes, tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, entre otros.

Sanidad

En materia de sanidad se modifican diversos Reales Decretos con objeto de regular el derecho a la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las

El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves, con 166 votos a favor, 15 en contra y 157 abstenciones la convalidación del Real Decreto-Ley, 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. A petición del PNV, se votó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que quedó aprobada con 168 votos a favor, 167 en contra y 3 abstenciones.

En segundo lugar, se aprobó con 178 votos a favor, 147 en contra y 13 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena. A petición del Grupo Popular, se votó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 158 votos a favor, 167 en contra y 4 abstenciones.