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El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas del llamado "escudo social" que expiran el 31 de octubre, sincronizando el escudo social con el otro gran instrumento de protección social adoptado por el Gobierno, los ERTEs.

Por otra parte, este Real Decreto-Ley incluye una modificación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a La Palma, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de adaptar la prestación por cese de actividad de autónomos a las necesidades específicas de la isla provocadas por la erupción del volcán cumbre vieja.

El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.

Tras esta primera lectura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciará propiamente la tramitación del Anteproyecto de Ley que constará de audiencia e información pública, informes preceptivos, y demás trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

En el ámbito de la gestión y dirección de recursos humanos es relativamente habitual la utilización de Excel, ya que su versatilidad permite el diseño de diferentes tipos de plantillas de gran utilidad para este departamento.

Entre las hojas de cálculo más apreciadas por los responsables de recursos humanos, se encuentran aquellas que facilitan la evaluación del desempeño de los trabajadores, ya que ayudan a valorar la contribución de estos a la empresa y facilitan el pago de incentivos y de revisiones salariales.

• La ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
  Pilar Llop: “La norma pretende situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea".
• El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

Impulsada por el Ministerio de Justicia, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

• Este nuevo régimen jurídico simplifica los procedimientos y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno
  
• Hasta 11 comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración muy positiva de la reforma
  
• El cambio normativo evitará, por ejemplo, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, modificando el régimen jurídico de menores y extutelados para favorecer su integración. Con la reforma aprobada hoy, se pone fin a la situación actual en la que, de facto, se impedía la inclusión de los menores no acompañados y los jóvenes extutelados.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

La obligación de realizar auditorías retributivas se enmarca dentro de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor.

La existencia de una brecha salarial entre los salarios que perciben los hombres y las mujeres por el mismo trabajo parece una reminiscencia de tiempos pasados en los que nuestra sociedad tenía algunas similitudes con actuales regímenes integristas, donde los derechos de las mujeres están reducidos a la mínima expresión.

En el artículo 2 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, se establece que constituye discriminación directa «la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable». Esta discriminación directa es aplicable al ámbito retributivo.

Para evitar la discriminación retributiva en España, se aprobó el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en el que entre otras medidas se establece la obligación de realizar auditorías retributivas a determinadas empresas.

La iniciativa, que se llevará a cabo con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, comenzará a desplegarse en las provincias con mayor vulnerabilidad territorial (Soria, Cuenca y Teruel) por un importe de 3,9 millones de euros. En concreto, los centros se localizarán en municipios o entidades singulares con una población igual o inferior a los 5.000 habitantes.