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La estrategia pretende cubrir una necesidad real: las dificultades que aún persisten para que las personas con discapacidad accedan a algunos ámbitos y espacios relacionados con la cultura. Se calcula que algo más de un 29 por ciento de personas con discapacidad, según la Encuesta Edad, tienen dificultades en acceder a determinadas actividades culturales o de ocio.

Entre las novedades del plan cabe citar la auditoría de los espacios y servicios culturales del Ministerio de Cultura bajo criterios de accesibilidad, la promoción del  cine subtitulado y del teatro accesible, proporcionar en los museos estatales guías multimedia, la adopción de programas de lectura adaptada para personas con discapacidad intelectual, incentivos económicos o la creación de un órgano de seguimiento de todas estas iniciativas, el Foro de la Cultura Inclusiva.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.321,21 millones de euros en los primeros seis meses de 2011, frente a 9.913,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de información contable de la Seguridad Social.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de junio representa el 0,76%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.100 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha subrayado que "es un acuerdo largo tiempo esperado y de gran alcance, que afecta a las personas con menor nivel de protección en el ámbito de la relación laboral y de los derechos sociales".

La norma responde al mandato del Parlamento -contenido en la reciente Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social (pendiente de publicación en el BOE)- que instaba al Gobierno a modificar la relación laboral especial del empleo en el hogar familiar, con efectos de 1 de enero de 2012.

Además, coincide con el objetivo de integración del Régimen Especial de  Empleados de Hogar en el Régimen General previsto en la Ley General de la Seguridad Social, y culmina un proceso iniciado por el Gobierno y los interlocutores sociales en el Acuerdo de Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado en junio de 2006, que tuvo continuidad en el Acuerdo Social y Económico, suscrito en febrero de 2011, por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó el pasado 1 de julio los 7.100 millones de euros (7.100.866), un 4,9% más que en el mismo mes de 2010, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 916,19 euros, un 3,5% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 805,77 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,3 %.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la Recomendación Nº 200 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre VIH y el SIDA, 2010 y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

Esta recomendación pretende reforzar el impacto del Repertorio de recomendaciones y prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo de 2001, en cuya aplicación existen limitaciones y lagunas.

A estos efectos, aborda el impacto que el VIH y el SIDA tienen en la sociedad y el mundo del trabajo, afectando a la economía formal e informal y socavando el logro del trabajo y el desarrollo sostenible, con particular incidencia en los sectores más afectados por la pobreza y la desigualdad social, económica y de género. Destacan los problemas de estigmatización, discriminación, falta de información y sensibilización y dificultades en el acceso a la prevención y al tratamiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establece la reactivación, tal y como contemplaba el Acuerdo de 2008, el período transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos.

Así, los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo. Esta medida en ningún caso tendrá efecto alguno sobre aquellos rumanos que ya forman parte del mercado laboral español.

Ésta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales, que persigue ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo. La comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española.

La Comisión Europea pensando en las necesidades, en especial, para la juventud en un futuro próximo propone multiplicar los fondos que destina la UE a educación y creatividad, con la perspectiva de favorecer el crecimiento y el empleo en Europa. Entre las medidas previstas se encuentra aumentar el número de beneficiarios de becas de estudios o investigación.

Por ello, con el fin de evitar la fragmentación en el reparto de los fondos de ayuda, se ha creado un programa integrado por las áreas de Juventud, Formación y Educación, centrado en desarrollar las capacidades de los jóvenes y en la movilidad.

• “Invertir en juventud, formación y creatividad: invertir en futuro. Comisión Europea”

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El Congreso de los Diputados aprobó el 21 de julio de 2011, la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con la ratificación de todas las enmiendas incorporadas por el Senado.

Esta reforma del sistema de Seguridad Social introduce modificaciones en el régimen jurídico de la pensión de jubilación. Conforme a los compromisos recogidos en el Acuerdo de 2 de febrero de 2011, se prevén los 67 años como edad de acceso a la jubilación, al tiempo que mantiene la misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses.

La implantación de los nuevos requisitos de edad se realiza de forma progresiva y gradual, en periodo de quince años, período de aplicación que también se aplica para completar los periodos de cotización que permiten el acceso a la pensión a partir de los 65 años, de modo que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el periodo de 38 años de cotización y seis meses será exigido en el ejercicio de 2027.