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El salón de actos de la sede del Consejo Económico y Social acogió el pasado jueves 7 de junio, ante más de un centenar de asistentes, la jornada anual de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje – FSP (SIMA-FSP) y que en esta ocasión se desarrollaba bajo el título “La solución autónoma de conflictos laborales y su relación con la Jurisdicción Social”.

La apertura y presentación corrió a cargo del vicepresidente de la Fundación SIMA-FSP, Francisco González Moreno.

El formato elegido fue el de una mesa debate compuesta por Carmen Agut García, Letrada del Gabinete del Tribunal Supremo (área social) y Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón; Rosario García Álvarez, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Ricardo Bodas Martín Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La Mesa estuvo moderada por la directora de SIMA-FSP, Beatriz Losada Crespo.

Entre sus diferentes recomendaciones, la subcomisión ha abordado una de las grandes reivindicaciones del sector cultural durante los últimos años: el gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido. El informe propone que toda la cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%). 

Por otro lado, y debido a las irregularidades en los ingresos propios de estos trabajos discontinuos en el tiempo, la subcomisión propone que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos 3 o 4 años. Tras calcular este rendimiento neto, el informe contempla que se estipule un límite máximo en el que se tributaría bajo condiciones específicas del artista para que el dinero que exceda esta cantidad sea gravado conforme a la tarifa general. En este tramo al que se aplica la tarifa general también se deberá calcular la media con los años anteriores y sumar los rendimientos obtenidos en otras actividades a las que también se aplica la tarifa general.

Antonio y María acaban de incorporarse a una empresa donde realizarán trabajos administrativos, pero lo que no saben antes de ocupar su puesto es que sus compañeros les han cambiado las sillas dejándoles las más viejas de la oficina. Antonio se sienta y comprueba que no se encuentra cómodo, se levanta y solicita a su superior una silla nueva, pidiendo además poder probarla antes; sin embargo María no se atreve y procura apañárselas en una silla que se asemeja más a un instrumento de tortura.

A los dos meses María no soporta el dolor de espalda y tiene que cogerse una baja laboral, mientras que Antonio continua realizando su trabajo con normalidad, aunque a sus compañeros le extrañan algunos movimientos que hace con el cuello.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación genérica del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo, siendo para los trabajadores de oficina sus sillas y pantallas de ordenador factores de riesgos laborales.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con la moción consecuencia de interpretación urgente sobre las condiciones de vida y trabajo de los temporeros en las campañas agrícolas de España impulsada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, en los términos de una enmienda transaccional pactada por varios grupos.

La iniciativa insta al Gobierno a fortalecer la inspección e trabajo con los recursos materiales y humanos necesarios a nivel provincial que garantice una correcta supervisión del trabajo en el campo, con planes especiales dirigidos a asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Pide además estudiar y modificar la normativa electoral sindical para que los trabajadores eventuales del REAS puedan votar y ser elegidos como delegados sindicales a nivel provincial. 

La productividad española es de las más bajas de los países desarrollados, a pesar de que se trabajan bastantes más horas que en países de nuestro entorno más productivos como Alemania. Conoce cómo la aplicación del mindfulness en las empresas puede ayudar a mejorar la productividad y reducir el presentismo en la empresa.

Muchos son los factores determinantes de esta baja productividad, pero para empezar a buscar una solución podemos esperar a que se solucionen todos los factores externos que condicionan la baja productividad de nuestro país, o empezar a trabajar en mejorar de adentro hacia afuera, es decir, mejorar como trabajadores, para que mejoren las empresas y así mejorar la productividad a nivel de país.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de mayo de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

El Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, determina que están sujetas a la obligación de cotizar a la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente para cada uno de los diferentes Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social.

El pago de los Seguros Sociales es una obligación mensual, en la que es el empresario el responsable del ingreso de la cotización por cuenta de la empresa y de la de sus trabajadores, para lo cual descontará del salario las aportaciones que a estos les correspondan.

El Pleno del Congreso de los Diputados da luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre protección por desempleo presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, que inicia así su tramitación parlamentaria. 

La iniciativa, que ha salido adelante por 169 votos a favor, 132 en contra y 39 abstenciones, tiene por objetivo mejorar la renta sustitutiva del salario cuando la persona trabajadora pierde su empleo o no accede a un puesto de trabajo y "revertir los recortes realizados durante la crisis".

En concreto, y entre las medidas que incluye la Proposición de Ley, "se trata de abonar una prestación económica, pero también de que se lleven a cabo por parte de los servicios públicos acciones o políticas activas para mejorar la capacidad profesional de las personas, incluso su posible obsolescencia laboral, y su ocupabilidad", señala el grupo proponente.