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Jurisprudencia

El Supremo rechaza quitar el paro a una trabajadora que cobró el importe total de un plan de pensiones

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado dejar sin subsidio de paro a una mujer, como pretendía el INEM, por rescatar el importe de un plan de pensiones. Los magistrados advierten de que no cabe considerar renta o ingreso computable el importe total del plan de pensiones rescatado (en este caso, 16.125 euros), sino que deberá considerarse como ingreso, en su caso, la plusvalía o ganancia que ha generado dicho Plan. “Al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas ni, en su caso, el importe de los mismos, la actora no ha cometido la infracción que el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir prestación por desempleo indebidamente”, sancionado en el artículo 25.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

El Tribunal Supremo interpreta el concepto de gran invalidez y aumenta la indemnización a una joven parapléjica

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha incrementado la indemnización que tiene que pagar una compañía de seguros a una joven que quedó parapléjica tras sufrir un accidente de tráfico al incluir además una cantidad en concepto de ayuda a  terceras personas -293.545,03 euros-  y otra por el de daños morales a familiares -110.079,38 euros-.

La sentencia  corrige a la Audiencia Provincial de Almería, que reconoció a la víctima una indemnización de 606.035,45 euros por las secuelas sufridas pero no apreció la situación de gran invalidez al considerar que no precisaba la ayuda permanente de otra persona y que podía conseguir realizar actividades de forma independiente si el medio estaba acondicionado, como demostraba el hecho de haber obtenido el permiso de conducir de vehículos adaptados.

La Audiencia de Alicante condena a un extrabajador del Elche C.F. que simuló un cáncer para cobrar una pensión

Le impone un año y cinco meses de cárcel por estafa y falsedad por elaborar informes médicos falsos para lograr la incapacidad y percibir 65.000 euros

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un exempleado del Elche Club de Fútbol a un año y cinco meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad.

Los hechos sucedieron en julio de 2009 cuando el condenado presentó en la Seguridad Social de Alicante informes médicos falsos y confeccionados por él mismo, para pedir la incapacidad temporal a consecuencia del padecimiento de un supuesto cáncer de colón en su estadio inicial.

EL TS confirma la condena a dos empleados de banco por no repartir con la limpiadora de la sucursal el premio del "cuponazo" que compartían

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un año de prisión a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cupón de la ONCE que resultó premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.

Según los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cupón para el sorteo del “cuponazo” que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cupón, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y después el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si algún día tocaba el billete se repartirían el premio en proporción a su participación.

El Tribunal de Justicia confirma que pueden denegarse a los nacionales de otros Estados miembros determinadas prestaciones sociales durante los tres primeros meses de su estancia

Esa denegación no presupone un examen individual

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia confirma su reciente jurisprudencia1 según la cual un Estado miembro puede excluir a los nacionales de otros Estados miembros de determinadas prestaciones sociales (tales como las prestaciones de subsistencia alemanas destinadas a los solicitantes de empleo y a sus hijos)2 durante los tres primeros meses de su estancia en el país.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según la Directiva «ciudadanos de la Unión»3, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a residir en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos. Dado que los Estados miembros no pueden exigir que los ciudadanos de la Unión cuenten con medios de subsistencia suficientes y con una cobertura médica personal durante ese período, a fin de preservar el equilibrio financiero del sistema de seguridad social de los Estados miembros, la Directiva permite a éstos denegar a dichos ciudadanos toda prestación de asistencia social durante los tres primeros meses4. Según el Tribunal de Justicia, esa denegación no presupone un examen de la situación individual de la persona de que se trate.

Un juez de Las Palmas reconoce la incapacidad permanente a una matrona de 40 años por el síndrome de "estar quemado"

El Juzgado de lo Social 10 de Las Palmas ha estimado la demanda de una matrona de 40 años contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y le reconoce la incapacidad permanente total por presentar el ‘síndrome de burnout’ (síndrome de ‘estar quemado’).

La sentencia señala que la sanitaria padece desde hace varios años un cuadro ansioso-depresivo, por lo que presentaba una “sintomatología de estirpe ansiosa, con tensión, irritabilidad, desespero, inquietud, sintomatología psicosomática, a la vez que un agotamiento progresivo, en gran medida derivado de su estrés y de sus trastornos de sueño, con visión pesimista frente a la posibilidad de poder continuar en su actual entorno y de sentirse incomprendida, incremento de los problemas en su entorno inmediato, que afectaban de forma notable a sus relaciones interpersonales y vida familiar”.

El juez absuelve a los ocho sindicalistas de Airbus acusados de delitos de atentado y lesiones

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe ha absuelto a los ocho sindicalistas acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, atentado y lesiones, por los que se les pedía una pena de más de sesenta años de cárcel, por los hechos acaecidos durante la huelga general de 2010 a las puertas de la empresa Airbus. El juicio del caso conocido como ‘los ocho de Airbus’ se celebró entre los días 9 y 12 de este mes de febrero y la sentencia establece que dos de los acusados, Edgar M. A. y Armando B. P. quedan absueltos en virtud del principio acusatorio, y los otros seis, José A.B., Tomás G. R., Enrique G.A., Rodolfo M.O., Jerónimo M.J. y Raúl F.H. por aplicación del principio de presunción de inocencia.

Según consta en la resolución firmada por el magistrado titular del juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe, la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado, y este principio se vulnera cuando se condena a alguna persona sin pruebas.

Selección de jurisprudencia (del 1 al 15 de febrero de 2016)

TS. Permiso por hospitalización de parientes. Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León. Duración.
TS. Convenios colectivos. RTVE. Permiso por asuntos propios del personal con jornada de fines de semana.
TS. Impugnación del acuerdo alcanzado en Liberbank y Banco Castilla-La Mancha sobre reestructuración laboral (arts. 40, 41, 47 y 82.3 ET). Ausencia de capacidad procesal del comité de empresa.
TS. Convenios colectivos. Limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa. Eficacia del contenido normativo del convenio que finalizó su periodo de vigencia, pactado sin cláusula expresa de ultraactividad, y que se encontraba denunciado antes de la entrada en vigor de las importantes reformas legales del año 2012.
TS. Reposición de prestaciones por desempleo en crisis arrastradas. Determinación de si cabe la reposición de las prestaciones por desempleo percibidas en el año 2010 (al amparo de un ERE de suspensión) cuando posteriormente (el 2 de enero de 2013) se extingue la relación laboral por auto del Juzgado de lo Mercantil.
TS. Pensión de viudedad por violencia de género.
TS. Propuesta de revocación de prestaciones por desempleo. Nulidad. Archivo de las actuaciones susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado iniciadas de oficio por caducidad del expediente administrativo (tres meses).
AN. Jubilación parcial y contrato de relevo. Acuerdos de empresa en los que se permite prestar acumuladamente al jubilado parcial los servicios laborales pactados hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Supresión unilateral por la compañía de este beneficio. Improcedencia.
TSJ. Extinción de la relación laboral. Pérdida de la autorización administrativa para trabajar en el caso de extranjeros no comunitarios.
TSJ. Trabajador fijo discontinuo. Falta de llamamiento. Despido. Nulidad. Pacto de fin de huelga que prevé la imposición al sindicato firmante del acuerdo de la obligación de interponer papeleta de conciliación y demanda de despido en nombre de un número de entre 25 y 50 trabajadores a consecuencia de la falta de llamamiento que se produciría tras el pacto (como así fue), quedando la empresa obligada, por su parte, a reconocer en el juzgado una indemnización de 25 días de salario por año de servicio.
TSJ. Accidente de trabajo. Exclusiones. Trabajadora que sufre una lesión en la muñeca al golpearse con un bolardo a la salida del trabajo cuando se disponía a tomar un café durante la pausa de 15 minutos para el bocadillo.
TSJ. La protección por desempleo. Trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual que es revisada al año siguiente, quedando sin efecto al apreciarse mejoría. Posterior reincorporación al mercado laboral y extinción del contrato. Periodo de carencia.
TSJ. Pensión de jubilación. Revalorización de pensiones. Inaplicación de la actualización para el año 2012 (del 2,9% previsto, ex art. 2.1 RD 28/2012) atendiendo al contexto de crisis económica de nuestro país.
TSJ. Delimitación de competencias entre el Orden Social y el Contencioso-Administrativo. Trabajadora que presta servicios para un ayuntamiento como socorrista cada campaña estival mediante su nombramiento como funcionaria interina. Anulación de las bases de la convocatoria por entender el tribunal contencioso que no cabe la contratación bajo esa modalidad jurídico-administrativa. Pretensión de reconocimiento de la relación jurídico-laboral como indefinida discontinua ante la falta de llamamiento en la temporada subsiguiente a la referida anulación.

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