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El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación de la situación de incapacidad temporal para el personal de la Guardia Civil, que por primera vez se ordena mediante una norma con rango de real decreto, de acuerdo con la habilitación contemplada en los artículos 102 y 103 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

El real decreto desarrolla la estructura, composición y funciones de la sanidad de la Guardia Civil en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, que podrán ser de muy corta duración (de 1 a 4 días), cortas (de 5 a 30 días), de duración media (de 31 a 60 días) y de larga duración (más de 60 días).

• La subida, que ya fue efectiva en enero, conlleva un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado para el resto del año
  
• Las pensiones mínimas aumentan su cuantía más del 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo hacen un 11,4%
  
• El Real Decreto-ley incluye además otras medidas de Seguridad Social en materia de cotizaciones
  
• La ministra Elma Saiz ha subrayado: “Aprobar la revalorización de las pensiones supone garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley. Se trata de un compromiso colectivo de la sociedad, especialmente con quienes han dedicado toda una vida al trabajo y de manera muy particular con las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, que ya fue efectiva en enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

Se consulta sobre la aplicación de la disposición transitoria cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS), en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623/23 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo].

• Criterio de gestión del INSS núm. 1/2026

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

• El objetivo consiste en dar una respuesta inmediata y garantista a la situación de cientos de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en nuestro país.
  
• La autorización concedida será de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
  
• Las personas interesadas deben acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, exceptuando los solicitantes de protección internacional, que deberán haber presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
  
• Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
  
• Elma Saiz: “Retomamos el camino que nos ha marcado la iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso. Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta conforme al marco legal español y europeo”.

El despido de un trabajador es una decisión empresarial que puede tener un importante impacto económico y en el clima laboral. No suele ser fácil, primero hay que tomar la decisión, luego comunicar el despido y si el trabajador no está conforme puede derivar en improcedente o nulo.

En España la extinción del contrato de trabajo no finaliza necesariamente con la decisión empresarial de despedir al trabajador. En el ordenamiento laboral español, si no hay acuerdo entre las partes, el despido queda sometido a un control posterior por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) o por un Juez de lo Social que puede desembocar en las siguientes calificaciones de despido:

• Despido procedente.
• Despido improcedente.
• Despido nulo.