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El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se contesta al requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno Vasco en relación con el Real Decreto de 3 de agosto de 2012 que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud, así como el reconocimiento, control y extinción de dicha condición.

La Comunidad Autónoma del País Vasco plantea la inconstitucionalidad del citado Real Decreto por entender que implica "la implantación de un sistema centralizado de gestión que, en lo que conlleva de función meramente ejecutiva, vulnera las competencias autonómicas reconocidas constitucional y estatutariamente al impedir a la Comunidad Autónoma del País Vasco cualquier decisión de reconocimiento, control y extinción del derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud".

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley de 7 de septiembre de 2012 por el que se aprobaron medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

Mediante este nuevo Real Decreto se declaran aplicables las medidas contenidas en el citado Real Decreto Ley a las personas y bienes afectados por las lluvias torrenciales y otros fenómenos naturales ocurridos durante los últimos días del mes del pasado mes de septiembre y primeros días del mes de octubre en municipios y núcleos de población de Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Recientemente, han acaecido nuevos fenómenos meteorológicos adversos equiparables en Aragón y Navarra.

Las medidas de ayuda son las siguientes:

En su intervención en el debate de enmiendas a la totalidad en la Cámara baja, el ministro Ruiz Gallardón ha explicado que el objetivo de la reforma que se anticipó a la del resto del Código Penal es mejorar "los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público", así como "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece y dar efectividad a los mecanismos de cobro", especialmente, en los delitos de mayor gravedad o de guante blanco.

Tras recordar que "siete de cada diez casos denunciados termina en condena" y que, aunque las denuncias son mil al año, se ha acumulado en los tribunales una deuda de 6.000 millones de euros pendiente de cobro, Ruiz-Gallardón ha destacado la importancia de poder actuar tanto en el cobro de lo defraudado como en el reproche penal que merece la conducta cometida.

El número de parados aumentó en 85.000 personas, hasta los 5,778 millones, y la tasa de paro subió al 25% de la población activa, cuatro décimas más que en el trimestre anterior.

Respecto de un año antes, se destruyeron 835.900 empleos, lo que supone una pérdida del 4,6%. Tanto en volumen de empleo perdido como en tasa de variación los datos del tercer trimestre son algo mejores que los registrados en el segundo en términos interanuales (885.700 y -4,84%). La estabilidad del ritmo de caída intertrimestral y la relativa mejora de la tasa anual podrían estar apuntando al inicio de una fase de moderación en la destrucción del empleo.

Desde una perspectiva sectorial, la destrucción de puestos de trabajo en el tercer trimestre afectó especialmente a la construcción (56.100), los servicios (32.700) y, en menor medida, a la agricultura (11.900), mientras que la industria registró un ligero incremento del empleo (3.700).

Al corregir de variaciones estacionales, todos los grandes sectores no agrarios continuaron destruyendo empleo, especialmente la construcción (-5,6%), mientras que la agricultura registró una tasa positiva de 1,73%. Salvo en el caso de la construcción, los ritmos de destrucción de empleo se atenuaron en tasa trimestral corregida de estacionalidad.

• La norma, que desarrolla lo establecido en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

La norma desarrolla lo establecido en la Ley del 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, con especial atención a los aspectos relativos al período de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.

Este Reglamento desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

• Las arcas públicas asumirán el mínimo coste posible en las prejubilaciones que hagan las empresas con más de cien trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

La norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores, o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores, que hayan tenido beneficios los dos últimos ejercicios, que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y que estos incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad.

El objetivo de la nueva normativa es regular el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aspectos instrumentales y cuestiones técnicas necesarias, para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas.

La aplicación de este reglamento permite que las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de cincuenta o más años efectúen una aportación económica al Estado que compense el impacto que supone sobre el sistema de protección por desempleo.

• Se trata de dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral y desincentivar el abandono prematuro de la vida laboral.
• Se pretenden evitar abusos para enmascarar regulaciones de empleo y reducciones de plantilla a coste cero con cargo a la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Este informe contiene, asimismo, un análisis sobre la situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor y de la jubilación parcial, así como un informe sobre la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas.

Dentro del Programa de Reformas del Gobierno una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.