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La covid-19 está provocando que muchos trabajadores y autónomos pierdan su puesto de trabajo, sobre todo en los sectores más azotados por la crisis, de manera que el ERTE, el ERE y el despido, se han convertido en algo necesario para garantizar la supervivencia de muchas empresas.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.

No es la primera vez que incluso oigo jactarse a algún directivo de los despidos que ha realizado, o recrearse en comentar la jugada de un despido en concreto, pero en algunos casos un despido puede acarrear problemas importantes para la empresa, que pueden empezar en el mismo momento de presentar el finiquito y prolongarse durante algún tiempo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que regula el teletrabajo entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. De esta forma, aquellos que decidan optar a esta nueva modalidad podrán solicitarlo a finales del mes de octubre en sus centros de trabajo, de cara a que se analice que las tareas que realizan puedan llevarse a cabo por vía telemática.

No obstante, el Decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico contempla que los trabajadores de la Administración regional puedan trabajar desde sus hogares de forma online desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en determinadas situaciones, como las emergencias sanitarias, obras o reformas en los centros de trabajo o prevención de riesgos laborales, entre otras.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ampliará hasta el 31 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes para poder percibir el Ingreso Mínimo Vital con efectos retroactivos a fecha 1 de junio. Además, se aumenta el plazo de resolución, que en un principio se había establecido en tres meses.

Así lo ha anunciado esta semana el ministro, José Luis Escrivá, en varias entrevistas en medios de comunicación. De este modo, todas aquellas personas que soliciten la prestación antes de que acabe 2020 y les sea concedida, la cobrarán con efectos económicos desde el 1 de junio.

Además, con la ampliación del plazo de resolución, nadie que haya presentado una solicitud del IMV y no haya recibido respuesta deberá reclamarla o presentarla de nuevo, su petición no será desestimada por silencio administrativo en las próximas semanas (el plazo de solicitud se abrió el 15 de junio, hace justo tres meses).

El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado una Nota Informativa con pautas orientativas en relación a la suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor en la aplicación de la Disp. Adicional Primera 2 del RDL 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Tras la regulación de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen como causa directa las pérdidas de la actividad por la crisis sanitaria, prevista en el art. 22 del RD-L 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 , el citado RD-L 24/2020, de 26 de junio, ha limitado la aplicación del art 22 del RD-L 8/2020 a los ERTES solicitados antes de la entrada en vigor del mismo ( 27 de junio de 2020) y con una duración como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado el Criterio Técnico nº 103/2020 sobre la habilitación contenida en el Real Decreto 21/2020, de 9 de junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19 en los centros de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020.

El Plan recoge un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 3 leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos. Un total de 50 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas.

Una planificación que se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, y que recoge las previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas del Gobierno que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 31 de agosto de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales