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El número de parados aumentó en 85.000 personas, hasta los 5,778 millones, y la tasa de paro subió al 25% de la población activa, cuatro décimas más que en el trimestre anterior.

Respecto de un año antes, se destruyeron 835.900 empleos, lo que supone una pérdida del 4,6%. Tanto en volumen de empleo perdido como en tasa de variación los datos del tercer trimestre son algo mejores que los registrados en el segundo en términos interanuales (885.700 y -4,84%). La estabilidad del ritmo de caída intertrimestral y la relativa mejora de la tasa anual podrían estar apuntando al inicio de una fase de moderación en la destrucción del empleo.

Desde una perspectiva sectorial, la destrucción de puestos de trabajo en el tercer trimestre afectó especialmente a la construcción (56.100), los servicios (32.700) y, en menor medida, a la agricultura (11.900), mientras que la industria registró un ligero incremento del empleo (3.700).

Al corregir de variaciones estacionales, todos los grandes sectores no agrarios continuaron destruyendo empleo, especialmente la construcción (-5,6%), mientras que la agricultura registró una tasa positiva de 1,73%. Salvo en el caso de la construcción, los ritmos de destrucción de empleo se atenuaron en tasa trimestral corregida de estacionalidad.

• La norma, que desarrolla lo establecido en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

La norma desarrolla lo establecido en la Ley del 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, con especial atención a los aspectos relativos al período de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.

Este Reglamento desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

• Las arcas públicas asumirán el mínimo coste posible en las prejubilaciones que hagan las empresas con más de cien trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

La norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores, o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores, que hayan tenido beneficios los dos últimos ejercicios, que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y que estos incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad.

El objetivo de la nueva normativa es regular el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aspectos instrumentales y cuestiones técnicas necesarias, para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas.

La aplicación de este reglamento permite que las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de cincuenta o más años efectúen una aportación económica al Estado que compense el impacto que supone sobre el sistema de protección por desempleo.

• Se trata de dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral y desincentivar el abandono prematuro de la vida laboral.
• Se pretenden evitar abusos para enmascarar regulaciones de empleo y reducciones de plantilla a coste cero con cargo a la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Este informe contiene, asimismo, un análisis sobre la situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor y de la jubilación parcial, así como un informe sobre la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas.

Dentro del Programa de Reformas del Gobierno una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de la violencia de género.

Con éste, ya son doce las Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, que han suscrito convenios de esta naturaleza. La colaboración entre ambas Administraciones implica, esencialmente, la derivación automática entre las llamadas recibidas en el teléfono 016, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el teléfono afectado de la Comunidad Autónoma. De este modo, corresponderá la atención a uno o al otro, en función del tipo de servicio solicitado: información, asesoramiento jurídico especializado o emergencia.

El Consejo de Ministros ha acordado declarar el próximo año 2013 como Año Español de las Enfermedades Raras. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar estas patologías y acercarlas a los ciudadanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al 7 por 100 de la población mundial. En España se estima que hay tres millones de personas afectadas. Una enfermedad es considerada "rara" por existir menos de un caso por cada dos mil habitantes, además de por presentar síntomas y orígenes variados, en ocasiones desconocidos, que además necesitan del diseño de tratamientos farmacológicos específicos.

En inglés, el término «retirement age» (edad de jubilación) designa la edad legal a la que un trabajador debe obligatoriamente retirarse del mercado laboral. El término «pensionable age» hace referencia a la edad legal a partir de la cual un trabajador es elegible para percibir una pensión de vejez. Ambos términos se han empleado comúnmente como sinónimos y designan una edad de alrededor de 65 años en el caso de los hombres.

No obstante, en un número creciente de países se observa cada vez más una diferenciación entre ambos conceptos. Las edades de elegibilidad para la pensión van en aumento y se están desligando de la necesidad de retirarse total o parcialmente de la actividad económica. La presión financiera sobre los regímenes de pensiones (debido a las restricciones fiscales a corto plazo y a las tendencias demográficas a largo plazo) propicia dichos cambios legales y genera un control cada vez más estricto sobre el modo de financiación y de entrega de las prestaciones de vejez.