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MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

El Real Decreto-ley incluye varias medidas de carácter tributario como la prórroga de las deducciones en el IRPF de materias relacionadas con la eficiencia energética o el vehículo eléctrico, que benefician a hogares y familias, pero también la extensión durante 2025 de los límites excluyentes del método de estimación objetiva que utilizan un gran número de autónomos o el incremento del límite que obliga a los contribuyentes a presentar la declaración de Renta, que beneficiará a las personas con menores rentas.

En concreto, con la aprobación de este Real Decreto-ley el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2024, en cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas.

Este Gobierno sigue trabajando para elaborar y preparar unos nuevos Presupuestos, cuya aprobación sigue siendo una prioridad. Hasta que eso se produzca, es necesario adoptar los criterios de prórroga de los Presupuestos vigentes en 2024 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas.

La sentencia ha sido dictada por unanimidad del Pleno de la Sala de lo Social

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por unanimidad, ha dictaminado que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas del caso, sin que ello suponga una vulneración del art. 10 del Convenio núm. 158 de la OIT, en el que tan solo se indica que la indemnización sea adecuada.

La sentencia subraya que por la fecha en la que se ha producido el despido examinado, no puede entrar a conocer sobre el alcance del art. 24 de la Carta Social Europea (revisada), que fue publicada en el BOE de 11 de junio de 2021.

• Las actuales 40 horas semanales están en vigor desde 1983
  
• “Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo”, ha destacado Yolanda Díaz
  
• Los convenios colectivos vigentes deberán adaptarse a la nueva jornada antes del 31 de diciembre de 2025
  
• El acuerdo también recoge el registro de jornada diario, digital objetivo, fiable y accesible
  
• Las sanciones en materia de registro se cursarán por cada persona trabajadora sobre la que se haya cometido la infracción
  
• El acuerdo permite garantizar el derecho al descanso fuera del horario de trabajo sin que la persona trabajadora pueda sufrir consecuencias negativas

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2024.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2024.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

En el supuesto examinado varios sindicatos interpusieron demandas de conflicto colectivo solicitando que la empresa les facilitara la totalidad de los datos retributivos

El Tribunal Supremo concluye que las empresas están obligadas a disponer (y facilitar a los sindicatos) un registro con los valores medios desagregados por sexo, sin que sea obligado incluir datos que permitan identificar la retribución individualizada de una persona trabajadora.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con objeto de adaptar la normativa a la realidad migratoria actual. Se pretende así mejorar las vías de migración regular, ordenada y segura a través de la reducción de plazos y eliminación de duplicidades procedimentales y cumplir con el derecho de la UE. Una reforma que se adecúe a la situación actual de los flujos migratorios en España, las necesidades las personas migrantes y las demandas del mercado laboral español y los retos demográficos.

Aunque la Ley Orgánica 4/2000 ha sido modificada previamente en 2018, 2021 y 2022, la presente actualización representa un equilibrio entre la protección de derechos, el rigor jurídico y las demandas sociales y económicas. Además, simplifica trámites, fortalece la seguridad jurídica y ofrece nuevas oportunidades a las personas migrantes y sus familias, promoviendo su integración y protección frente a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos.