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Con objeto de acelerar el reconocimiento de las solicitudes colectivas que están presentando las empresas con la relación de trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor, o por causa económica, técnica, organizativa y de producción, inicialmente solo se han tenido en cuenta los hijos e hijas a cargo, de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tenía información en su sistema.

El proceso de vuelta al trabajo no esencial, a partir del lunes 13 de abril, se exige que sea seguro para la salud de las personas trabajadoras. Con el propósito de dar pautas adecuadas, autoridades sanitarias e interlocutores sociales van publicando sus guías. Iremos dando cuenta de todas ellas conforme se vayan conociendo.

Puesto que el próximo lunes 13 de abril se reanudarán algunas actividades,  emplazamos a la consulta del documento «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2» actualizado a 8 de abril, que, se recuerda, es el documento de referencia para todos los sectores y actividades en materia de prevención frente al COVID-19 cuya obligatoriedad está basada en el Real Decreto 463/2020, tal como indica la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su Criterio Operativo 102/2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se activa el segundo tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos que, por importe de 100.000 millones de euros, acordó el Gobierno el pasado 17 de marzo.

El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, iguala en importe al anterior. El 100% de los fondos se destinan a avalar operaciones de pymes y autónomos, por considerar que son los agentes de la actividad económica que más requieren de este apoyo en la actualidad.

La activación de este nuevo tramo se realiza antes del consumo total del primero con el objetivo de cubrir todas las posibles operaciones en cartera y permitir que entidades que están cerca de agotar el cupo que tenían asignado en el primer tramo para pymes y autónomos puedan seguir haciendo fluir el crédito hacia sus clientes.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de Alarma recogido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.

La declaración del Estado de Alarma ha permitido aplicar medidas inmediatas que han resultado esenciales para contener la propagación de la enfermedad. Asimismo ha hecho posible establecer, a través de la actuación de las autoridades competentes delegadas del Gobierno, una movilización de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación elaborados por las autoridades competentes, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente, por lo que se estima imprescindible prorrogar nuevamente el Estado de Alarma.

Se trataron los mecanismos y medidas que se implementarán en el proceso de recuperación y la situación de los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, retomaron este viernes la Mesa de Diálogo Social para abordar la situación de trabajadoras, trabajadores y empresas tras la crisis sanitaria.

“Ha sido una reunión muy productiva, retomaremos la Mesa del Diálogo social porque es esencial que trabajadores, trabajadoras y empresas cuenten con todo el respaldo del Gobierno para las siguientes fases”, señaló al término del encuentro la ministra de Trabajo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará conocimiento mañana de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos.

Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19.

Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse.

Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma.