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El Ministerio de Sanidad ha actualizado, a fecha 24 de marzo de 2020, el documento Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2), que según el Criterio Operativo nº 102/2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre medidas y actuaciones de la ITSS relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2), es de obligado cumplimiento.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, tal como se establecía en el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto incluía, como causa de despido objetivo, las faltas por enfermedades comunes, aún justificadas por un parte médico. Además la Cámara ha aprobado la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto-Ley.

Cumplimente la solicitud colectiva con información relativa a la empresa, la persona representante de la misma y las personas afectadas por la suspensión o reducción de jornada, así como los datos necesarios para el reconocimiento de las prestaciones que se recogen en el modelo Excel que se puede descargar aquí. Deberá remitir un formulario por cada centro de trabajo afectado.

El formulario Excel contiene dos pestañas. En la primera están las instrucciones de cumplimentación. En la segunda, los datos a cumplimentar. Puede añadir tantos trabajadores como sea necesario en la parte inferior de la hoja.

El Ministerio de Sanidad ha publicado una Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial con motivo de las dudas generadas en este sector al objeto de cubrir la seguridad de empleados y clientes causada por el COVID-19.

La Guía se presenta como un compendio de recomendaciones dirigidas al comercio minorista cuya eficacia dependerá de la concienciación , responsabilidad y solidaridad de todos.

El documento se compone de varios apartados divididos en:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.

Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19 según lo previsto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La Comunidad de Madrid ha facilitado un formulario a través del cual puedes realizar la inscripción exprés de tu demanda de empleo, siendo la finalidad del mismo agilizar los trámites para el acceso a la prestación. Este formulario también es válido para las personas trabajadoras incursas en un expediente de regulación temporal de empleo.

Son muchas las dudas que están surgiendo en torno a la aplicación práctica del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Entre ellas, como quedó patente ayer en la ponencia organizada por el CEF «Análisis del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)», está la de determinar a quién corresponde el abono de la prestación por desempleo en los casos de ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Corresponde a la empresa en régimen de pago delegado o es una obligación que debe asumir el SEPE?