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• La ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
  Pilar Llop: “La norma pretende situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea".
• El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

Impulsada por el Ministerio de Justicia, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

• Este nuevo régimen jurídico simplifica los procedimientos y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno
  
• Hasta 11 comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración muy positiva de la reforma
  
• El cambio normativo evitará, por ejemplo, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, modificando el régimen jurídico de menores y extutelados para favorecer su integración. Con la reforma aprobada hoy, se pone fin a la situación actual en la que, de facto, se impedía la inclusión de los menores no acompañados y los jóvenes extutelados.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

La obligación de realizar auditorías retributivas se enmarca dentro de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor.

La existencia de una brecha salarial entre los salarios que perciben los hombres y las mujeres por el mismo trabajo parece una reminiscencia de tiempos pasados en los que nuestra sociedad tenía algunas similitudes con actuales regímenes integristas, donde los derechos de las mujeres están reducidos a la mínima expresión.

En el artículo 2 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, se establece que constituye discriminación directa «la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable». Esta discriminación directa es aplicable al ámbito retributivo.

Para evitar la discriminación retributiva en España, se aprobó el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en el que entre otras medidas se establece la obligación de realizar auditorías retributivas a determinadas empresas.

La iniciativa, que se llevará a cabo con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, comenzará a desplegarse en las provincias con mayor vulnerabilidad territorial (Soria, Cuenca y Teruel) por un importe de 3,9 millones de euros. En concreto, los centros se localizarán en municipios o entidades singulares con una población igual o inferior a los 5.000 habitantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 que se remitirá al Congreso de los Diputados la próxima semana.

Los Presupuestos persiguen una recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llega a todas las familias.

El Gobierno ha elaborado los Presupuestos de la recuperación económica porque será en 2022 cuando tanto el Ejecutivo como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de actividad económica y supere los niveles de empleo previos a la pandemia. Y también son las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio procura que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y mejores servicios públicos.

El Ejecutivo ha regulado los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De este modo, se podrán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros.

• Traslada el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre
  
• El plan dará cobertura a las necesidades de empleabilidad de unas 7.750 personas
  
• Las medidas se instrumentarán a través de un convenio entre el SEPE y el Gobierno de Canarias
  
• Permitirán tanto ayudar a actividades existentes como a abrir la puerta a nuevas oportunidades, avanzando en un modelo productivo de calidad
  
• Las nuevas ayudas serán compatibles con subvenciones ayudas o ingresos que provengan de entidades o administraciones nacionales o internacionales