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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Dicho texto recoge así la posibilidad de que se pueda contratar a aquellos profesionales que, cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad. Por lo tanto, se podrá contratar, a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han resultado adjudicatarios de plaza.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

La finalidad es asegurar el normal funcionamiento de las administraciones públicas, impulsando una nueva forma de organización y estructuración del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha consensuado con las asociaciones mayoritarias de autónomos la prórroga de las ayudas a los trabajadores por cuenta propia hasta el 31 de enero de 2021. El acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19.

No hay nada más triste para un trabajador que cumple con su trabajo eficaz y eficientemente que ver como otros compañeros que trabajan menos y peor consiguen aparentar hacer más de lo que realmente hacen, se llevan los méritos del trabajo en equipo y son más valorados por la dirección de la empresa.

Esta tristeza, que para muchos empleados es el pan nuestro de cada día, es uno de los factores que propicia la fuga de los mejores trabajadores de las empresas, que esperan encontrar en otras organizaciones el reconocimiento y valoración de su buen trabajo.

Y es que ya decía Julio César que «la mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo», por lo que no basta con ser bueno haciendo un trabajo, es también necesario hacérselo ver a los superiores, siendo esto algo que se les atraganta a muchos buenos profesionales.

• El texto, fruto del acuerdo del Diálogo Social, garantiza a las personas que trabajan a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en locales de la empresa
  
• El RD se fundamenta en la voluntariedad de este modelo de organización laboral, situando a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia
  
• El articulado contempla que la persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles, vinculados al desarrollo de su actividad
  
• Se refuerza el papel de la negociación colectiva, a través de convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos relevantes como el derecho a la desconexión, la flexibilidad horaria y la reversibilidad del teletrabajo
  
• Se trata del quinto acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Diálogo Social, con patronal y sindicatos

En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la subsecretaria, Dionisia Manteca, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros y directores generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla con competencias en Función Pública así como representantes de la FEMP.

Compromiso de la Conferencia Sectorial y Acuerdo de Mesa General

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.

La covid-19 está provocando que muchos trabajadores y autónomos pierdan su puesto de trabajo, sobre todo en los sectores más azotados por la crisis, de manera que el ERTE, el ERE y el despido, se han convertido en algo necesario para garantizar la supervivencia de muchas empresas.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.

No es la primera vez que incluso oigo jactarse a algún directivo de los despidos que ha realizado, o recrearse en comentar la jugada de un despido en concreto, pero en algunos casos un despido puede acarrear problemas importantes para la empresa, que pueden empezar en el mismo momento de presentar el finiquito y prolongarse durante algún tiempo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que regula el teletrabajo entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. De esta forma, aquellos que decidan optar a esta nueva modalidad podrán solicitarlo a finales del mes de octubre en sus centros de trabajo, de cara a que se analice que las tareas que realizan puedan llevarse a cabo por vía telemática.

No obstante, el Decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico contempla que los trabajadores de la Administración regional puedan trabajar desde sus hogares de forma online desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en determinadas situaciones, como las emergencias sanitarias, obras o reformas en los centros de trabajo o prevención de riesgos laborales, entre otras.