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• Aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos sin intereses.
• Se aprueba un préstamo de 16.500 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 14.000 millones.
• Se amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo.
• Se prorroga tres meses la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y se facilita un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el campo.
• Se levanta la suspensión de la portabilidad telefónica y se facilita un procedimiento para el abono de los impagos a las operadoras.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que reúne medidas urgentes en diversos ámbitos de la lucha de nuestro país contra el COVID-19. Por un lado se extienden algunas de las ya decretadas anteriormente, como las del ámbito agrario, y por otro se añaden nuevas decisiones en el terreno laboral, económico y tributario, con el fin de aliviar el impacto de la crisis en el tejido productivo español y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis, como lo son los sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el procedimiento de actuación, actualizado a 22 de mayo, para los servicios de prevención de riesgos laborales ante la exposición al SARS- Cov-2.

Esta guía, que se divide en seis apartados y cinco anexos, se enmarca dentro del Plan de transición hacia una nueva normalidad. A tal fin, el Ministerio de Sanidad publicó la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, de 6 de mayo de 2020 que regula las obligaciones y procedimientos de obtención y comunicación de información para la vigilancia epidemiológica en relación a la infección del COVID-19 siendo el objetivo de la misma es la detección precoz de cualquier caso. En la presentación se indica que , además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica habitual.

El enfoque de las políticas de regreso al trabajo debe centrarse en las personas, situar los derechos y las normas internacionales del trabajo en el meollo de las estrategias económicas, sociales y medioambientales, y apuntar a que las directrices de política general estén integradas en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado dos documentos de orientación sobre condiciones seguras y eficaces en la vuelta al trabajo durante la pandemia de la COVID-19.

En la Nota Orientativa se indica que el enfoque de las políticas de regreso al trabajo deben centrarse en lo humano y situar los derechos de las personas como prioridad de las políticas económicas, sociales y medioambientales. El diálogo social –que congrega a las organizaciones de trabajadores y de empleadores– será crucial para generar la confianza y las políticas eficaces necesarias para una vuelta al trabajo segura.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma decretado por motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 y se deroga la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, relativa a la suspensión de plazos administrativos, de manera que, con efectos 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará.

Tras el acuerdo alcanzado en el mes de enero para subir el salario mínimo a 950 euros, por parte de la patronal, los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todas las partes valoraron positivamente que se hubiese retomado el dialogo social. Sin embargo, en aquel momento ninguna de las partes firmantes de aquel acuerdo se imaginaba los problemas que tendría que afrontar dos meses más tarde a consecuencia del coronavirus COVID-19.

El Gobierno prevé reanudar el próximo 4 de junio los plazos procesales y administrativos que se vieron suspendidos con la declaración el pasado 14 de marzo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que si mañana el Congreso de los Diputados da el visto bueno a la quinta prórroga del estado de alarma, se derogará la disposición adicional segunda del real decreto-ley aprobado el 14 de marzo, que suspendió los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 7 de junio.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se activa el cuarto tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos, adoptada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por importe de hasta 100.000 millones de euros.