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Aprobado por el Consejo de Ministros el Decreto Ley

Prioriza los convenios de empresa y agiliza la negociación de los convenios, evitando su bloqueo, marcándose un plazo máximo de entre 8 y 14 meses para negociar un nuevo convenio

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el Decreto Ley para la reforma de la negociación colectiva.

Esta decisión se enmarca dentro del proceso de reformas estructurales que está abordando el Gobierno de España y pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar y modernizar el sistema de negociación colectiva.

El Gobierno elabora este Decreto Ley tras ampliar el tiempo de negociación entre las organizaciones sindicales y empresariales que marcaba la Reforma Laboral, con el convencimiento expresado de que lo deseable hubiese sido una reforma pactada por los protagonistas de la negociación colectiva.

El gasto en Incapacidad Temporal (IT) de la Seguridad Social en los cinco primeros meses del presente ejercicio asciende a 1.614,48 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Seguridad Social.

Esta cantidad supone que el gasto en IT de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional se ha reducido en 748,09 millones de euros en relación a los 2.362,57 millones previstos en los Presupuestos de la Seguridad Social para ese periodo.

Las empresas pueden gestionar las cotizaciones y las prestaciones de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional a través de una mutua, que es la opción mayoritaria, o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), que son las entidades gestoras del sistema de pensiones. En los cinco primeros meses del año, las mutuas han registrado un gasto en IT de 905,03 millones de euros, 615,72 millones menos que lo previsto para ese periodo. Las entidades gestoras han gastado 709,45 millones, 132,27 millones de euros menos que lo previsto.

Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

La Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, establece una ampliación de las fechas de finalización de los plazos de presentación y de tramitación de las solicitudes correspondientes al ejercicio 2010. En el primer caso, el plazo máximo de

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En la votación de conjunto, en la que se requiere mayoría absoluta por tratarse de una reforma de ley orgánica, el texto ha salido adelante, también, por unanimidad. Una vez superada esta votación, la reforma continuará su tramitación en el Senado.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 31, entre otras cosas, que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que estén en situación de irregularidad y denuncien a su agresor serán objeto de un expediente administrativo sancionador por encontrarse de forma irregular en nuestro país, que quedará suspendido hasta la resolución del procedimiento final. Por ello, una posible expulsión desincentiva que las mujeres extranjeras vayan a denunciar.

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros (CEF), en colaboración con la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, el Colegio Oficial de Físicos y la Fundación Universidad-Empresa, ha presentado hoy los resultados previos del sexto INNOVACEF, un informe de periodicidad anual con el que se pretende contribuir a mejorar el sistema nacional de I+D+i a través del conocimiento de la situación de los jóvenes investigadores que trabajan en España y su comparación con la de los científicos españoles que efectúan su actividad en el extranjero.

INNOVACEF 2011 se ha realizado sobre una muestra 772 investigadores, divididos en 167 científicos españoles que desarrollan su labor en el extranjero y 605 jóvenes investigadores que realizan su actividad en España.

Según Pedro Aceituno, Profesor del Grado de ADE de la UDIMA e investigador principal de este informe, en el INNOVACEF 2011 “es necesario destacar que, a pesar de las dificultades que continúan manifestando los jóvenes investigadores que trabajan en España, en relación con la carrera investigadora y la formación que se les ofrece, el porcentaje de los que están consiguiendo beneficios económicos para su organización se ha aproximado en gran medida al de los científicos españoles en el exterior. Por ello, como exponentes de la economía del conocimiento, se debe apostar de manera decidida por mejorar su condiciones profesionales, para así, salir de esta crisis y prevenir las futuras”.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de junio de 2011, ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento de la Ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, de 30 de octubre de 2006.

La norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, la Ley establece un sistema de formación basada en la excelencia con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico, desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

En la elaboración del Reglamento, además de los ministerios proponentes (Justicia y Educación), han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho, de la abogacía y la procura institucional, y se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.

Los aspectos más relevantes son los siguientes:

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha presentado al Consejo de Ministros, un informe en el que se recogen las principales líneas de la reforma del sistema de negociación colectiva, como paso previo a la aprobación del texto legal en el próximo Consejo de Ministros del día 10 de junio.

El diagnóstico del Gobierno parte de la idea de que el sistema de relaciones laborales en España necesita mejorar, modernizarse y actualizarse, a fin de conseguir más y mejor negociación colectiva.

La reforma proyectada pretende crear un nuevo escenario que ofrezca soluciones a los problemas de nuestra realidad negocial, en un contexto de crisis y desempleo, y una vez transcurridos más de treinta años desde la aprobación de la normativa vigente.

La reforma se realiza, además, para homogeneizar y acercarse a los sistemas de relaciones laborales imperantes en Europa, y para adecuar nuestro sistema a los nuevos modelos productivos y a las nuevas realidades empresariales.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social.

Esta modificación complementa y desarrolla las reformas introducidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que trasladaba a la Tesorería General de la Seguridad Social la competencia para elevar a definitivas las actas de liquidación extendidas por la Inspección, así como para resolver las actas de infracción coordinadas con actas de liquidación por los mismos hechos.

Por un lado, el proyecto complementa dicha reforma al establecer la autoridad estatal competente por razón de la materia, en función del tipo de infracción de que se trate. Y, por otro, la desarrolla porque adapta el procedimiento sancionador y liquidatorio a los cambios normativos efectuados, diferenciando entre aquellos expedientes sancionadores cuya competencia se atribuye a las Comunidades Autónomas, de aquellos que corresponde a la Administración General del Estado.