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• El total de expedientes de regulación de empleo durante este período se ha reducido en un 6,5%
• En contraste con la mayor utilización de las reducciones de jornada, los EREs de extinción o suspensión han disminuido en casi un 2 y un 29%, respectivamente

La utilización de expedientes de regulación de empleo (ERE) de reducción de jornada ha crecido un 127,4% durante los siete meses de aplicación de la reforma laboral, en relación con el mismo período de tiempo del año anterior.

Así, en estos siete meses, se han aprobado 2.701 EREs de reducción frente a 1.188 que se autorizan entre julio de 2009 y enero de 2010.

Estos datos contrastan con los referidos a EREs de extinción y de suspensión. En este sentido, los primeros han descendido en un 1,9% mientras que los segundos han disminuido un 28,9%.

La reforma de la Seguridad Social entrará en vigor el 1 de enero de 2013

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha aprobado el proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social. El proyecto, que inicia su trámite parlamentario, recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 2 de febrero.

El proyecto de carácter integral contribuye a reforzar la sostenibilidad económica del sistema, supone pasar de un sistema de jubilación imperativa a otro de jubilación flexible, aumenta la relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe (contributividad) y la solidaridad, mediante una adecuada coordinación entre los ámbitos contributivo y no contributivo.

La reforma de la Seguridad Social entrará en vigor el 1 de enero de 2013, se aplicará de forma paulatina en un periodo transitorio de 15 años, que culminará en 2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisarán los parámetros del sistema por las diferencias de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Los cálculos se harán conforme a las previsiones de los organismos oficiales.

• La pensión media de jubilación se sitúa en 910,11 euros, lo que representa un incremento del 3,6 % interanual

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, superó el pasado 1 de marzo los 7.000 millones de euros (7.023.965), lo que supone un 5% más que en el mismo mes de 2010.

La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 910,11 euros, lo que supone un 3,6% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 801,05 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,3 %.

En marzo, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.768.427 pensiones, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6%. Más de la mitad de las pensiones son por jubilación, 5.220.256; 2.303.448 son por viudedad; 935.335 por incapacidad permanente; 271.727 por orfandad y 37.661 a favor de familiares.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que pasado el dictamen del Consejo Económico y Social "esperamos aprobar el Proyecto de Ley de reforma de las pensiones en el Consejo de Ministros del viernes" y ha añadido que en el texto "ya se contempla la creación de la Agencia Única de la Seguridad Social".

El titular del Departamento ha realizado estas declaraciones durante el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. José Luis de Ossorno (Melilla, 1955) como nuevo secretario general técnico del Departamento y José Antonio Panizo (Segovia, 1950) como director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Valeriano Gómez ha manifestado que "en un par de semanas" podría aprobarse el Proyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo.

Las reformas en materia laboral

La reforma de la Ley Concursal también pretende mejorar la posición de los trabajadores en los concursos e incorporar las modificaciones de la reciente reforma laboral aprobada por la Ley de 17 de septiembre de 2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, adaptando la Ley Concursal para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible y reiterando el principio esencial de que las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tener en cuenta los principios inspiradores de la rama social del Derecho.

De este modo, se resuelven las dudas interpretativas suscitadas en orden a la participación de los representantes de los trabajadores, del FOGASA y las relativas a los procedimientos y recursos en materia laboral.

• Ver Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha afirmado, durante su asistencia a las jornadas "Reflexiones sobre los cambios de la normativa de prevención de riesgos laborales y las previsibles consecuencias", que el índice de incidencia de la siniestralidad laboral bajó un 8,9% en nuestro país en el último año, mientras que la población ocupada con sus riesgos profesionales cubiertos lo hizo en un 1,6%.

Rodríguez, que estuvo acompañada en la clausura de estas jornadas por la directora de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concepción Pascual, ha asegurado que esta rebaja de los accidentes laborales se debe "a la conciencia de combate y de corresponsabilidad de todos: Gobierno, sindicatos, empresarios y sociedad en su conjunto", así como a las medidas puestas en marcha en este ámbito.

El descenso de los índices de siniestralidad laboral "no permiten hacer un discurso complaciente en este tema, porque mientras haya un trabajador que pierda su vida o la salud en el trabajo hay motivos de sobra para seguir luchando, porque como sociedad debemos aspirar a un horizonte de siniestralidad laboral cero", ha subrayado.

En el Boletín Oficial del Estado de ayer miércoles se publicó la Resolución de 23 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

La Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones para el programa de colaboración en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración del Estado, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, con el fin de procurar una experiencia profesional a dichos trabajadores que les sitúe en mejor posición para su inserción en el mercado de trabajo. Los órganos que establece la resolución, como posibles beneficiarios de dichas subvenciones son los siguientes:

• Órganos de la Administración General del Estado, en los términos recogidos en el artículo 13.h).2.º de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
• Órganos de la Administración General del Estado en Ceuta y Melilla.

Valeriano Gómez afirmó que el Gobierno tiene la convicción de que se llegará a un gran acuerdo sobre negociación colectiva

"El Grupo de Expertos que hoy se ha constituido tiene como misión responder a cuestiones derivadas del encargo que en la reforma laboral hacía el Gobierno para desarrollar un fondo de capitalización. Este fondo sería el último gran compromiso derivado de la reforma laboral que faltaría por cumplir". Con estas palabras el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, informaba sobre el objetivo que el grupo de expertos, integrado por seis representantes del Gobierno y de los interlocutores sociales, deben llevar a cabo.

Este grupo de trabajo viene recogido en el Acuerdo Social y Económico como desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.