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Modificados el plazo y los supuestos de suscripción del convenio especial con la Seguridad Social

En la Orden TIN/3356/2011, de 30 de noviembre, mediante la modificación de la Orden reguladora del convenio especial en la Seguridad Social, se determinan las modalidades de convenios especiales cuya suscripción deberá llevarse a cabo necesariamente antes del transcurso de un año a contar desde la fecha en que se haya causado baja en el régimen correspondiente o extinguido el derecho a las prestaciones por desempleo, y se regulan los términos y condiciones de suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de los españoles que, sin haber estado previamente afiliados al sistema de la Seguridad Social, participen en el extranjero, de forma remunerada, en programas formativos o de investigación sin quedar vinculados por una relación laboral.

La protección de los empleados de hogar por accidente de trabajo y enfermedad profesional se hace efectiva

El Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, publicado en el BOE hoy, hace efectiva la ampliación, con efectos de 1 de enero de 2012, de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen de Empleados de Hogar.

La situación de los empleados de hogar que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, tenían protegidas exclusivamente las contingencias comunes, enfermedad común y accidente no laboral, con independencia del carácter laboral o no de la enfermedad o el accidente, vieron con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ampliada su acción protectora a las contingencias profesionales, extensión que se lleva a cabo con efectos de 1 de enero de 2011 a través de la inclusión en la Ley General de la Seguridad Social de una nueva disposición adicional, la 53ª, en la que se establece que:

Modificado el Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea

La experiencia práctica en la aplicación del Real Decreto 240/2007 ha evidenciado la necesidad de proceder a la modificación de algunos de sus artículos en orden a reforzar la conexión de su interpretación con el contenido de la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, y con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de junio de 2010. A este fin responde el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, en vigor desde el 27 de noviembre de 2011.

Publicada la Resolución por la que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de trabajadores de más edad (55 y más)

Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2011 se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los trabajadores de más edad 2012-2014.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de octubre de 2011, adoptó a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Global, estando vigente desde el año 2012 hasta el 2014.

Esta Estrategia va a ser la hoja de ruta que oriente la actuación de las Administraciones Públicas respecto a las medidas dirigidas al colectivo de trabajadores de más de 55 años y cumple con el compromiso alcanzado con los agentes sociales en el Acuerdo Social y Económico del pasado mes de febrero. Este compromiso se plasmó en el Real Decreto Ley 1/2011, de 11 de febrero en su Disposición Adicional Segunda.

Regulado el procedimiento general para el acceso anticipado a la jubilación en los supuestos de trabajos penosos, peligrosos y tóxicos

El Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, regula el régimen jurídico y el procedimiento general que debe seguirse para establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o para la anticipación de la edad de acceso a la pensión de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

La Ley de reforma de las pensiones (Ley 27/2011, de 1 de agosto), que reitera la regulación establecida en la Ley de medidas en materia de Seguridad Social de 2007 (Ley 40/2007, de 4 de diciembre), respecto del acceso anticipado a la jubilación en los casos de realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, dando prioridad a los mecanismos de cambio de las condiciones de trabajo y del puesto de trabajo y acudiendo a fórmulas de acceso a la jubilación de forma anticipada sólo cuando esto no sea posible, reitera, asimismo, el compromiso de aprobar -en el plazo de un año a contar desde 2 de agosto de 2011- un procedimiento general de determinación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, en los supuestos de trabajos penosos, peligrosos o tóxicos, destacándose como novedad que en ese procedimiento general se recogerán los estudios necesarios sobre siniestralidad en el sector, penosidad (en la que se considerarán los efectos de la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción), peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

Bonificaciones de cuotas para los contratos de la ONCE y medidas para compensar a los trabajadores afectados por la “crisis del pepino”: el Real Decreto-Ley 18/2011

El Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, regula las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con discapacitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y establece medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria “E.coli”, la conocida como “crisis del pepino”.

Aprobada la Estrategia Española de Empleo 2012-2014

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, como marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo, persigue contribuir al fomento del empleo de la población activa y al aumento de la participación de hombres y mujeres en un mercado de trabajo sostenible, en el que se mejore la productividad y la calidad del empleo, y que se base en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial.

Este objetivo central se concreta en los siguientes objetivos de política de empleo:

  • Elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo, con la consecución de una tasa de empleo del 74 por 100 para la población de entre 20 a 64 años en el horizonte 2020, y del 68,5 por 100 para el empleo femenino.
  • Reducir la temporalidad y la segmentación del mercado de trabajo.
  • Reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna de las empresas.
  • Mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del mercado.
  • Promover una rápida y adecuada reinserción de las personas en el mercado de trabajo.
  • Promover la igualdad de género en el mercado laboral.

Regulación de las prácticas no laborales en empresas

Las prácticas no laborales en empresas que regula el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, en vigor el 19 de noviembre, se vinculan a las que como acción formativa dirigida prioritariamente a los desempleados, se contemplan en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, prácticas que, en uno y otro caso, no supondrán la existencia de relación laboral.

Pese a esta vinculación, la regulación específica de las prácticas no laborales en empresas llevada a cabo por el Real Decreto publicado hoy deriva “del objetivo prioritario de (…) procurar el acercamiento de las personas jóvenes con cualificación pero sin experiencia profesional al mundo laboral”, y pretende regular una medida consistente en el desarrollo de éstas por parte de los jóvenes, con problemas de empleabilidad, en las empresas o grupos de empresas que hayan celebrado previamente convenios con los Servicios Públicos de Empleo.

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