Regularización extraordinaria de inmigrantes 2026: implicaciones laborales y oportunidades para empresas y asesores

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un real decreto para iniciar un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que se encuentran en España en situación administrativa irregular.

La medida, que podría beneficiar a hasta medio millón de personas, permitirá el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo durante un año prorrogable. Esto beneficia al trabajador y también a las empresas, que ganan seguridad jurídica y se facilita la contratación en sectores con escasez de mano de obra. Además, tendrá un impacto inmediato en la gestión de personal de las empresas y en la actividad profesional de los asesores laborales.

Desde una perspectiva estrictamente laboral, esta regularización plantea retos operativos, nuevas obligaciones de cumplimiento y, al mismo tiempo, oportunidades para formalizar relaciones laborales que hasta ahora se desarrollaban en un marco de inseguridad jurídica.

Marco general de la regularización extraordinaria

El Ejecutivo ha optado por articular esta regularización mediante real decreto, apelando a razones de urgencia social y económica. El objetivo declarado es integrar administrativamente a personas extranjeras que ya residen en España, reduciendo la economía sumergida y favoreciendo su incorporación al empleo regulado.

Según la información adelantada, podrán acogerse a este procedimiento los extranjeros que acrediten:

• Residencia continuada en España durante un periodo mínimo de cinco meses con antelación al 31 de diciembre de 2025
• Ser solicitantes de protección internacional y que hayan presentado la solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
• Ausencia de antecedentes penales que impidan la concesión de autorizaciones.

El calendario previsto sitúa la presentación de solicitudes entre abril y junio de 2026. Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista laboral es que, una vez admitida a trámite la solicitud, se pueda acceder al empleo, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva.

Efectos directos de la regularización de inmigrantes en la contratación laboral

Esta regularización implicará la transición desde situaciones irregulares hacia relaciones laborales plenamente regularizadas, permitiendo el afloramiento de trabajadores y autónomos de la economía sumergida. Esto exige revisar con antelación:

• La situación de personas que ya prestan servicios en la empresa sin un contrato de trabajo.
• La adecuación de las futuras contrataciones a la nueva realidad normativa.
• La correcta formalización contractual conforme al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo aplicable.

La regularización no elimina las obligaciones laborales preexistentes, por lo que será clave analizar cada caso concreto para evitar riesgos derivados de estas nuevas contrataciones.

Además, la incorporación de trabajadores regularizados tendrá efectos inmediatos en la afiliación y cotización a la Seguridad Social.

Desde el punto de vista fiscal, la regularización implica también la correcta aplicación de retenciones del IRPF, atendiendo a la situación personal y familiar de cada trabajador.

Sectores especialmente afectados por la regularización de inmigrantes

El impacto de la regularización será especialmente significativo en sectores con una presencia estructural de mano de obra extranjera, como:

• Agricultura.
• Hostelería.
• Construcción.
• Servicios de cuidados y atención domiciliaria.
• Actividades auxiliares y de baja cualificación.

En estos ámbitos, la medida puede contribuir a reducir la economía sumergida, transformar empleos informales en relaciones laborales estables y facilitar la planificación de los recursos humanos.

El papel del asesor laboral en el proceso de regularización de inmigrantes

Los asesores laborales desempeñarán un papel clave en la aplicación práctica de esta regularización, especialmente en:

• El asesoramiento sobre documentación válida para acreditar la permanencia en España.
• La correcta formalización de contratos y altas en la Seguridad Social.
• La prevención de contingencias ante posibles actuaciones de la Inspección de Trabajo.

Una actuación anticipada y técnicamente fundamentada será esencial para minimizar riesgos.

Riesgos y aspectos a vigilar

Pese a las oportunidades que ofrece la medida, existen riesgos que deben tenerse en cuenta:

• Sobrecarga administrativa concentrada en un periodo limitado.
• Falta de coordinación entre empresa, asesoría laboral y área jurídica.
• Interpretaciones administrativas dispares en la fase inicial de aplicación.

La planificación y el conocimiento normativo serán determinantes para una correcta gestión.

Regulaciones de inmigrantes anteriores

España ha llevado a cabo varias regularizaciones de extranjeros en las últimas décadas, que marcaron hitos en la integración laboral y administrativa:

• 1986, 1991-1992 y 1996: Regularizaciones durante el Gobierno de Felipe González. Diferentes decretos de regularización beneficiaron a 174.000 personas.
• 2000-2001: Regularizaciones durante el Gobierno de José María Aznar que alcanzó a más de 500.000 personas en solo dos años, consolidando permisos solicitados de residencia y trabajo.
• 2005: Incorporación de 576.000 personas que tenían que tener un contrato de trabajo y autorización inicial de residencia. Se tramitó como real decreto y se llamó «proceso de normalización».

Consecuencias principales de estas regularizaciones:

• Incremento significativo de las afiliaciones a la Seguridad Social.
• Formalización de relaciones laborales preexistentes, con mejora de las condiciones contractuales.
• Integración más estable de los trabajadores en el mercado laboral.
• Mayor seguridad jurídica para empleadores y trabajadores.
• Impacto positivo en la recaudación por cotizaciones y en el control administrativo del empleo.

En definitiva, la regularización extraordinaria de inmigrantes prevista para 2026 constituye un punto de inflexión en el ámbito laboral. Para empresas y asesores laborales, no se trata solo de una medida social, sino de un cambio que afectará de forma significativa a la contratación. Gestionarla adecuadamente permitirá ganar seguridad jurídica, mejorar la organización del empleo y reducir riesgos en un contexto de creciente control administrativo.

Para abordar con solvencia los aspectos laborales y administrativos derivados de esta regularización, resulta clave contar con una formación especializada. El Curso de Movilidad, Extranjería y Nacionalidad del CEF. - ofrece una visión práctica y actualizada del marco normativo, especialmente útil para asesores laborales y profesionales de RR. HH. que deban gestionar estos procesos en su actividad diaria.

José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga
Colaborador del CEF.-