Legislación

El BOE del 30 de diciembre de 2017 publica un conjunto de disposiciones que, con mayor o menor alcance, inciden en el área sociolaboral. En su mayoría fueron anunciadas, y de ellas se dio cuenta en la sección «Noticias» de esta página, tras su aprobación por el último Consejo de Ministros de 2017, pero el listado es más amplio. En este momento, y sin perjuicio de una próxima referencia individualizada, se hace una breve mención a las que directamente afectan a nuestro ámbito y se ofrece un análisis de las cuestiones más relevantes para la Seguridad Social a cargo de don José Antonio PANIZO ROBLES que puede consultarse pulsando aquí.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2017.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2017.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 2017.

• Normativa de las Comunidades Autónomas

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre), en vigor –salvo excepciones– el 9 de marzo de 2018, partiendo de la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, diseña un sistema legal de contratación pública del que se da cuenta en http://www.civil-mercantil.com/, cuyas implicaciones fiscales se abordan en fiscal-impuestos.com, y que, por lo que aquí más interesa:

• Incorpora en los contratos públicos, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. La inclusión en los contratos públicos de consideraciones de tipo social podrá hacerse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución (art. 201), la ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo social, relativas al empleo o mediambiental que se listan en el artículo 202.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2017.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE del 25 de octubre y con entrada en vigor el 26 del mismo mes, con las excepciones que se indicarán, introduce medidas que repercuten destacadamente en el ámbito de la Seguridad Social, dirigiéndose, como apunta don José Antonio PANIZO ROBLES en el trabajo «en abierto» que se pone aquí a disposición del lector, a adecuar las obligaciones con la Seguridad Social a las circunstancias de la actividad, reduciendo las cargas administrativas existentes en este ámbito, incrementando los incentivos en la cotización y, por último, mejorando ciertos aspectos de la acción protectora.

Pero la Ley que se presenta afecta, aunque en menor medida, a otros ámbitos que incumben a los trabajadores autónomos como el de los derechos colectivos, la formación profesional para el empleo o el fiscal (del que se da debida cuenta en el comentario que también ofrecemos en abierto en la página web fiscal-impuestos).

• MÉDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: «El trabajo autónomo en la Seguridad Social»
• MEDIDAS FISCALES
• MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO
• MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre, publicada y en vigor el 21 de octubre, contiene las normas para la aplicación de la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de cuotas a la Seguridad Social previstas en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, para empresas y trabajadores por cuenta propia (incluidos los socios trabajadores de las cooperativas encuadrados como trabajadores por cuenta propia en el correspondiente régimen de la Seguridad Social), titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía.

• Cuotas para las que se establece la moratoria del pago
• Solicitudes
• Plazo
• Concesión o denegación del aplazamiento
• Exigencia de cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas correspondientes a los meses previos y posteriores a la concesión de la moratoria
• Devolución de cuotas ya ingresadas