Legislación

En el BOE de 28 de junio, se ha publicado la Instrucción 1/2025, que desarrolla las directrices organizativas necesarias para coordinar eficazmente la actividad de la Oficina judicial con los nuevos Tribunales de instancia, figura introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en el marco del proceso de modernización y eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La Orden HAC/965/2024, de 9 de septiembre, introduce cambios significativos en la normativa contable de la Administración General del Estado y la Administración Institucional del Estado, con una repercusión directa y relevante para las entidades que conforman el sistema de la Seguridad Social. El objetivo principal de estas modificaciones es armonizar la operativa contable en la gestión de los «pagos a justificar», un tipo de pago en el que se entregan fondos por adelantado para su posterior justificación.

La esencia de esa reforma radica en la modificación de la regla 30 de la Instrucción de operatoria contable. Previamente, la imputación de los pagos a las cuentas de gasto o inversión se realizaba en el momento de la aprobación de la cuenta justificativa. Con la nueva redacción, esta imputación se adelanta al momento de la presentación de dicha cuenta justificativa por parte de la Caja Pagadora a la Unidad Central de Caja.

En el BOE y el BOPV del 24 de junio, se publican los Reales Decretos 511/2025 y 512/2025, ambos de fecha17 de junio, por los que, respectivamente.

En el BOE del 24 de junio se publica la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, ante la previsión de que algunas mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no alcancen los niveles de suficiencia económica necesarios para gestionar adecuadamente las prestaciones por incapacidad temporal (IT) derivadas de contingencias comunes, lo que podría traer consigo una utilización excesiva de las reservas de estabilización, especialmente de la correspondiente a contingencias profesionales, afectando su dotación mínima y dando lugar a la aplicación de medidas cautelares según el artículo 100.1.a) de la Ley general de la Seguridad Social.

El Real Decreto 483/2025, de 17 de junio (BOE de 18 de junio), desarrolla reglamentariamente la Ley 21/2022, de 19 de octubre, que crea un fondo de compensación destinado a personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental en España. La norma establece los criterios de acceso, el procedimiento administrativo aplicable y la cuantía de las compensaciones económicas que podrán solicitarse a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), gestor del fondo.

Finalidad y naturaleza jurídica de la compensación

La compensación regulada tiene carácter indemnizatorio y se concede por una sola vez. Está dirigida a reparar los daños en la salud derivados de la exposición al amianto y no se integra en el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. Su tramitación corresponde al INSS, que también puede subrogarse en los derechos de la persona beneficiaria frente a terceros responsables.

En el BOE del 16 de junio se publica la Resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación de las actividades preventivas que deberán desarrollar durante el año 2026 las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta disposición concreta el marco de actuación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 860/2018 y en el artículo 82.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

La Orden PJC/617/2025, de 13 de junio, establece el importe de las tasas por la tramitación de autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, en desarrollo de lo previsto en los artículos 44 y 48 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta norma sustituye a la anterior Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, y se adapta a la regulación introducida por el Reglamento aprobado mediante Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.