Legislación

Los sucesivos escenarios previstos por el Plan de desescalada contemplan la necesidad no solo de mantener los servicios esenciales de transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril, sino de reforzarlos para facilitar las mejores condiciones posibles de distanciamiento social durante ese proceso de transición hacia la llamada «nueva normalidad».

Para evitar que la disminución de las actividades docentes presenciales, que se prevé continúen suspendidas, impida proporcionar al personal ferroviario implicado en esos servicios esenciales el adiestramiento necesario para realizar sus actividades en condiciones seguras, la Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, publicada y en vigor el 1 de mayo, permite la formación presencial teórica y práctica contemplada en la Orden FOM/2872/2010:

La Orden SND/381/2020, de 30 de abril, permite desde el 1 de mayo, y durante el estado de alarma y sus prórrogas, el desplazamiento para la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

La Orden SND/380/2020, de 30 de abril (BOE de 1 de mayo), con efectos desde las 00:00 horas del día 2 de mayo, fija las condiciones en las que las personas de 14 años en adelante pueden realizar actividades físicas no profesionales al aire libre durante el estado de alarma y sus prórrogas.

En el día de hoy, 30 de abril de 2020, se ha publicado en el BOE la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dichas interrupciones, aplicadas a todo el sector público, con las excepciones propuestas en el propio real decreto de alarma, se reanudarán en el momento en el que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

El próximo 30 de julio de 2020 entrará en vigor la Directiva (UE) 2018/957 por la que se reforma la Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento de trabajadores transnacionales. A este respecto, las situaciones en las que puede verse implicado un trabajador desplazado son analizadas por el abogado Luis Vidal Martín para nuestra web.

Tomás Aguilera Morales
Profesor del área Jurídica y de Empresa de la Universidad a Distancia de Madrid y del Centro de Estudios Financieros

Socio del departamento del área Laboral de Hernández-Echevarría Abogados

En el día de hoy, 29 de abril de 2020, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Las medidas más importantes que afectan al ámbito de la jurisdicción social son las siguientes:

La Orden TMA/374/2020, de 28 de abril (BOE de 29 de abril), establece que la documentación que podrán aportar los tripulantes de los buques, independientemente de su nacionalidad, para acreditar su condición y, de esta manera, facilitar su circulación durante el estado de alarma (esto es, circular por territorio español o cruzar las fronteras interiores y exteriores, con la única finalidad de regresar a su lugar de residencia, embarcar o desembarcar de un buque que se encuentre en puerto español o extranjero), serán, entre otros, los siguientes:

Con la publicación de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, tuvo lugar la identificación como servicios esenciales de un conjunto de centros, servicios y establecimientos sanitarios a los efectos previstos en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.