Jurisprudencia

Para que pueda hablarse de competencia desleal es preciso que la empresa acredite los perjuicios, pérdidas de clientes o daños que le haya podido ocasionar el desarrollo de las labores llevadas a cabo por el trabajador.

La sentencia objeto de comentario trata de determinar los requisitos que deben de concurrir para que pueda determinarse la existencia de competencia desleal en la actitud de un trabajador (transportista) que mientras se encuentra en situación de excedencia voluntaria presta servicios para otra empresa dedicada a la misma actividad.

El plazo de caducidad para el ejercicio de la acción por la que se impugna la sanción laboral se inicia (dies a quo) con la comunicación al trabajador de la imposición de la misma, con independencia de la fecha en que se ejecute.

Se contempla el supuesto en el cual la trabajadora es sancionada con una suspensión de empleo y sueldo durante un plazo de dieciséis días, ante la comisión de una falta muy grave, recibiendo dicha comunicación el 3 de mayo de 2007. Tres meses después (6 de julio de 2007) recibe un nuevo burofax donde se le especifica que la sanción será cumplida entre el 8 y el 23 de agosto de 2007. La trabajadora presentó la papeleta de conciliación el 14 de agosto de 2007.

Señala la Sala que para que tenga lugar la jubilación parcial se requiere el consentimiento entre ambas partes –trabajador y empresario–, puesto que sería contrario a Derecho que el empleado impusiera su decisión a la empresa por muy respetables que sean los motivos de su petición.

No existe una obligación, sin más, de la empresa contratante de proceder a novar el contrato de trabajo existente, conceder al solicitante la jubilación parcial y formalizar acto seguido el correspondiente contrato de relevo, en su caso. Sí debe la empresa examinar su solicitud de buena fe, más ello no implica que haya de imponerse la jubilación parcial por decisión unilateral del trabajador.

La evolución de la normativa nacional y su interpretación jurisprudencial han desvinculado la lactancia natural del hecho biológico, configurándose actualmente como un mero tiempo de cuidado a favor del hijo que tanto el padre como la madre pueden asumir siempre que ambos trabajen.

Aunque las situaciones de un trabajador y una trabajadora, padre y madre respectivamente de niños de corta edad, son comparables en relación con la necesidad en que pueden encontrarse de tener que reducir su tiempo de trabajo diario para cuidar de ese hijo, la redacción actual del artículo 37.4 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores parece establecer una diferencia de trato por razón de sexo, al permitir que las madres que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena puedan siempre disfrutar del permiso denominado «de lactancia», en tanto que los padres que tengan esa misma condición sólo puedan disfrutar de ese permiso si la madre de su hijo también es trabajadora por cuenta ajena.

La mera apertura de las páginas webs mencionadas no integra per se una transgresión de la buena fe contractual, tomando en cuenta un periodo de tiempo tan amplio y no detallado, siempre que el empresario no pueda descartar que el trabajador ha llevado a cabo un visionado en Internet que sea menor y no permanente, máxime cuando no quede prohibida la utilización privada y moderada para fines privados y no exista una probada disminución del rendimiento laboral.

La base del conflicto laboral que abordamos se suscita en el uso de las nuevas tecnologías, que carece de una regulación legal específica, y el papel del control empresarial sobre el uso de los ordenadores y el acceso a Internet, para observar si ha existido o no una utilización indebida por el trabajador de esos medios que la empresa le ha puesto a su disposición, comprobando si tal conducta supone una vulneración del principio de buena fe contractual dentro de los límites del ordenamiento jurídico

A pesar de no desempeñar efectivamente las labores inherentes a su puesto de trabajo, los liberados sindicales perciben todos los complementos asociados al mismo.

Así de tajante se muestra la sentencia del Tribunal Superior de La Rioja, Sala de lo Social, de 28 de junio de 2010, recurso número 184/2010, al afirmar que la comprensión del derecho fundamental de afiliarse, fundar sindicatos y desarrollar adecuadamente la actividad sindical requiere la garantía ante cualquier perjuicio en su desarrollo, no pudiendo sufrir el trabajador por razón de su libertad sindical menoscabo en su situación profesional o económica.

Existen determinadas profesiones, como la de conductor de metro, en las que el trabajador no puede negarse a que la empresa le someta a las pruebas que estime más adecuadas en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Así lo afirma la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 11 de enero de 2010, recurso número 4919/2009, al abordar el caso de un conductor de metro que tras ser requerido por la empresa para someterse a una prueba de análisis de sangre, dentro del conjunto de métodos de evaluación del reconocimiento médico anual al que están sometidos todos los conductores, se niega de forma reiterada, procediendo la unidad de gestión de Recursos Humanos al rebaje provisional de la categoría y a la asignación con carácter temporal de tareas auxiliares.

Se analiza el supuesto de una trabajadora a la que la Mutua de Accidentes de Trabajo y Seguridad Social deniega el subsidio de IT por entender que la cirugía puramente estética no se encuentra incluida en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud

La Sala entiende que al no estar cubierta  por el sistema de salud pública, y no recibir por tanto asistencia sanitaria de la Seguridad Social, no se configura una situación de incapacidad temporal, quedando excluida la mera convalecencia posterior, como proceso de recuperación indisolublemente asociado a la intervención.