Jurisprudencia

1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C-173/13) ha declarado que el artículo 141 del TCE (actualmente art. 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE-), relativo al principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores ha de interpretarse de forma que solo puede excepcionarse su aplicación si la norma o medida está justificada por factores ajenos a toda discriminación por razón de sexo, con un objetivo de política social, y siempre que las mismas sean adecuadas para garantizar el objetivo perseguido y se aplique de forma coherente y proporcionada.

Bajo estas premisas declara como discriminatorio y contrario a las normas comunitarias una disposición del sistema de Seguridad Social de Francia que otorga a los funcionarios, con aplicación en la pensión de jubilación, una bonificación de cuatro trimestres por hijo (tiempo que se considera como cotizado), siempre que como consecuencia de su cuidado se haya interrumpido la actividad por un periodo no inferior a dos meses, al entender que dicha regulación, aparentemente neutra, beneficia mayoritariamente a las funcionarias, frente a los funcionarios.

• TJUE. Libre circulación de trabajadores. Concepto de trabajador.
• TC. Pensión de viudedad. Parejas de hecho homosexuales.
• TS. Convenios colectivos. Plus de vestuario. Trabajadores a tiempo parcial.
• TS. Tutela de derechos fundamentales. ETB. Huelga general de 14 de noviembre de 2012. Sustitución de trabajadores huelguistas.
• TS. Supermercados Champion. Despido nulo. Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal. Utilización por la empresa de cámaras de vídeo-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el incumplimiento de sus obligaciones laborales.
• TS. Despido colectivo. Procedencia. Criterios de selección de los trabajadores afectados.
• TS. Despido colectivo. Trabajadores que entre la fecha de notificación de la carta de despido –donde la empresa no pone a su disposición la indemnización legal– y la de la efectividad del mismo (dos semanas) tienen concedida licencia retribuida de exoneración de prestación de servicios.
• TS. Subsidio para mayores de 52 años. Obligación del beneficiario de solicitar y comunicar la baja en la prestación cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.
• AN. Despido colectivo. Acción ejercitada por la propia empresa para que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva. Legitimación pasiva.
• TSJ. Pacto de no competencia poscontractual. Empresa que reconoce en el acto de conciliación la improcedencia del despido del trabajador, mejorando la indemnización para el caso de que durante un máximo de seis meses se mantenga ininterrumpidamente en situación legal de desempleo.
• TSJ. Trama de los ERE irregulares en Andalucía. Mercasevilla. Reclamación por los herederos de un trabajador de la diferencia pendiente de percibir de la indemnización establecida en el acuerdo aprobado en el ERE de 2007.
• TSJ. Despido colectivo. Falta de puesta a disposición de la indemnización debida.
• TSJ. FOGASA. Falta de resolución expresa. Silencio positivo. Solicitud de pago de prestaciones por dos trabajadores en virtud de sendas certificaciones globales emitidas por el administrador concursal, donde no se desglosaban ni conceptos ni períodos adeudados.
• TSJ. RETA. Incapacidad permanente total (IPT). Incompatibilidad del complemento de pensión de incapacidad permanente total del 20 % con el mantenimiento de la titularidad del negocio.
• JS. Reducción de jornada por cuidado de hijo. Concreción horaria diaria.
• AP. Gran invalidez. Inembargabilidad del complemento para ayuda por tercera persona.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por amplia mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Luis Ignacio Ortega y Adela Asua, esta última, Vicepresidenta del Tribunal.

Un juzgado de Éibar, en Guipúzcoa, ha negado el subsidio por desempleo a dos terroristas excarcelados por no cumplir los requisitos que establece la Ley General Penitenciaria, es decir, una “declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”

• SJS de Éibar de 8/7/2014.

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en auto de 27 de junio de 2014, ha estimado el recurso planteado por un ciudadano al que se había embargado el complemento de la pensión de gran invalidez que venía percibiendo, por superar los topes establecidos en la en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Audiencia, en un auto contra el que no cabe recurso, dispone la inembargabilidad del complemento de gran invalidez (en el caso enjuiciado por un importe de 660,10 euros), al entender que debe diferenciarse de la pensión sin el complemento dada la finalidad a que atiende.

Para los magistrados de la Sección señalada no pueden sumarse el importe de la pensión de incapacidad permanente y el complemento por gran invalidez, dado que la cuantía de este último no es en puridad una pensión que se acumule a la anterior, sino un complemento de la misma destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le ayuda.

Tiene, por tanto, una finalidad concreta, determinada y básica, por lo que resulta inembargable.

Dicta sendas sentencias en las que considera que dichos servicios vulneran el derecho a la huelga.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha dictado dos sentencias, correspondientes a dos convocatorias de huelga del personal docente no universitario en 2013, que anulan los servicios mínimos fijados por la conselleria de Educación, Cultura y Universidad del Govern balear, por considerar que vulneran el derecho de huelga.

La Sala Social de la Audiencia ha declarado ajustado a derecho el despido colectivo de Sniace, que afectó a 533 trabajadores. Asimismo, la Sala contempla que no se ha vulnerado la obligación empresarial de entrega de documentación contable de una de las empresas del grupo porque, aunque es dudoso si dicha documentación se incluía dentro de la entregada a la representación de los trabajadores, la existencia de dicha sociedad, su capital y sus resultados constaban en la memoria explicativa del despido colectivo y la documentación no fue reclamada en el periodo de consultas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña contra el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, que regula el procedimiento para la evaluación del profesorado contratado universitario por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, cuenta con los votos particulares de la Vicepresidenta, Adela Asua, así como de los Magistrados Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal-Ré.