Jurisprudencia

La figura del colaborador periodístico se sitúa en una zona fronteriza o gris en la que es difícil determinar la naturaleza laboral o civil de la prestación de servicios en cuestión. Esta dificultad se incrementa sustancialmente cuando el tertuliano de turno es una persona –no periodista– que tiene su profesión principal fuera del mundo mediático, como ocurre con los profesores de universidad, los políticos en activo o los deportistas. En la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, dictada por el pleno de la Sala, se analizan los requisitos que se exigen para que la balanza caiga del lado de la laboralidad, de manera que sea la jurisdicción social la competente para conocer de una eventual demanda de despido presentada por el trabajador.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

• TS. Convenios colectivos. Sector de empresas de seguridad. Horas extraordinarias. Prescripción de las reclamaciones individuales.
  
• TS. Despido colectivo. Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Sierra de Cazorla (UTEDLT). Nulidad por fraude de ley.
  
• TS. Despido objetivo de trabajador incluido en un ERE suspensivo. Requisitos.
  
• TS. RETA. Pensión de jubilación. Trabajadores que no se encuentran al corriente en el pago de sus cotizaciones en el momento del hecho causante.
  
• TS. Viudedad. Separación judicial sin pensión compensatoria. Cónyuges que se reconcilian de hecho posteriormente con formalización en escritura pública notarial, aunque sin comunicarlo al juez y sin inscripción en el Registro Civil.
  
• AN. Convenios colectivos. Pérdida de vigencia por finalización del periodo de ultraactividad. Aplicación del convenio colectivo superior.
  
• AN. Supresión colectiva de condiciones de trabajo por encima de convenio disfrutadas por los trabajadores de los diferentes centros de trabajo de la empresa, derivadas de pactos, acuerdos, usos o prácticas colectivas con distinto origen.
  
• TSJ. Ultraactividad. Convenio colectivo denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012 que contenía una cláusula específica de mantenimiento de la vigencia tras la denuncia.
  
• TSJ. Accidente de trabajo derivado de conflictividad laboral. Creencia de no sentirse valorado por el resto de compañeros.
  
• TSJ. Prestación por cuidado de menor afectado por enfermedad grave. Progenitor que solicita la percepción de la prestación al padecer su hijo parálisis cerebral.
  
• TSJ. REA. Trabajador fijo discontinuo que sufre accidente de tráfico, estando todavía la campaña en vigor, el día antes de incorporarse al trabajo tras un periodo de suspensión de empleo y sueldo. Derecho a subsidio de IT.
  
• JS. Alta dirección. Extinción de la relación laboral. Falta de concreción de los hechos imputados en la carta de despido.
  
• JS. Pensión de orfandad. Derecho de acrecer con la pensión de viudedad no causada por haber sido condenado el cónyuge supérstite por un delito de violencia de género al haber asesinado a su esposa.

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A continuación se ofrecen “EN ABIERTO” tres COMENTARIOS a cargo de D. José Antonio PANIZO ROBLES, sobre las últimas resoluciones judiciales, algunas todavía no públicas, del TC y del TS en torno a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad.

• DE NUEVO SOBRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LA PENSIÓN DE VIUDEDAD (A PROPÓSITO DE LAS SSTC DE 7 DE ABRIL DE 2014)
• LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DESDE LA SITUACIÓN DE LA PAREJA DE HECHO: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CORRIGE AL LEGISLADOR (A PROPÓSITO DE LA STC DE 11 DE MARZO DE 2014)
• LA PENSIÓN COMPENSATORIA COMO REQUISITO PARA EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. EL TRIBUNAL SUPREMO CAMBIA DE CRITERIO (SSTS DE 29 Y 30 DE ENERO DE 2014)

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad contra Real Decreto-Ley de 13 de julio de 2012 por el que se suprimió la paga extra de navidad a los funcionarios.

La decisión fue adoptada por el Pleno de la Sala el pasado 24 de febrero.

Posteriormente, se dictó providencia dando plazo a las partes para informe sobre la presentación de la cuestión, y ahora se ha notificado el auto que plantea de forma efectiva la cuestión de inconstitucionalidad y se acuerda su remisión al Tribunal Constitucional.

Efectivamente, y como la lógica jurídica hacía suponer, las SSTS de 17 de febrero de 2014, de Sala General (recs. núms. 142 y 143/2013) disponen en su FJ 4º que la consecuencia del afirmado fraude de ley es precisamente la nulidad de la decisión extintiva, aún cuando el precepto que regula los posibles pronunciamientos de la sentencia únicamente predica de forma expresa la nulidad respecto de los defectos procedimentales o de aportación documental que expresamente señala, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas.

Si hace ya algún tiempo nos hicimos eco en estas páginas de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio de 2013 (SAN 149/2013), respecto de la previsión normativa del artículo 86.3 ET¹ y la Disposición Transitoria Cuarta² de la Ley 3/2012, relativas a la ultraactividad de los convenios colectivos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de aquella (8 de julio de 2012), ahora toca, lamentablemente, poner de manifiesto una interpretación más restrictiva en términos sociales, la acogida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 23 de enero de 2014 (rec. núm. 2285/2013)³.

Conocedor de la evidente importancia del pronunciamiento, fue el propio Consejo General del Poder Judicial quien filtró a la opinión pública a través de su portal de comunicación la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo de 2014.

Se trata de una sentencia pionera en lo que al derecho al acceso a la función pública se refiere, y más en concreto en lo que tiene que ver con el acceso a la función pública de la mujer embarazada.