Jurisprudencia

La Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del TSJA ha señalado que la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a dos empresarios de la Sierra Norte investigados en la causa de los ERE, ayuda ilegal y nula por valor de 900.759 euros, no tendrá que devolverse por razones de seguridad jurídica, al haberse superado con creces el plazo legal de cuatro años de prescripción establecido tanto en la Ley General de Subvenciones como en la Ley General Presupuestaria.

Los magistrados resuelven así el recurso presentado por los socios de Investigación y Desarrollo Económico contra la resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que pedía anular la subvención concedida a la empresa y obligar a sus dueños a devolver a la Junta el importe de las ayudas recibidas, que ascendía a 900.759 euros.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia de 12 de enero de 2016 (Barbulescu c. Rumanía), ha declarado que un empresario puede comprobar las comunicaciones de los empleados realizadas en horario de trabajo, si tiene sospechas de que se está haciendo un uso personal de las herramientas de trabajo, sin que ello suponga vulneración del derecho del trabajador a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.

En el análisis que se reproduce a continuación, la Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social), D.ª Concepción Esther MORALES VÁLLEZ, responsable de la ponencia «La prueba electrónica en el proceso laboral. Doctrina reciente del Tribunal Supremo», del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Laboral del CEF, analiza el pronunciamiento poniendo de manifiesto cómo los argumentos empleados por el Tribunal Europeo no difieren en lo esencial de los empleados por nuestros Tribunales.

El Tribunal Supremo ha concedido la pensión de viudedad por violencia de género a una mujer cuyo marido fue absuelto de esta acusación. El artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer pensión de viudedad a la víctima de violencia de género que se separó o divorció mediando esa circunstancia.

La Sala de lo Social del Supremo establece en una sentencia que en supuestos de separación o divorcio anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral frente a la Violencia de Género, “la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio indicio de que la misma ha existido, aunque añade que “sin que ello suponga que estamos ante un medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la crónica judicial de lo acaecido”.

TC. Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que atribuyen la titularidad de la potestad para sancionar determinadas infracciones al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina.
TS. Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. II Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Inaplicación de condiciones de trabajo (sistema de retribución salarial y mejoras de prestaciones de la Seguridad Social). Periodo de consultas que, ante la falta de acuerdo, desemboca en decisión de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos que no se pronuncia sobre la cuestión, al no obtener ninguna de las propuestas formuladas el consenso necesario.
TS. Convenios colectivos de franja. Determinación del banco social de la comisión negociadora.
TS. Convenios colectivos. Composición de la comisión paritaria en representación de las organizaciones sindicales.
TS. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Modificación del sistema de retribución de los gastos y suplidos contraídos por los trabajadores por cuenta de la empresa.
TSJ. Permiso por nacimiento de hijo. Hecho causante que acontece durante las vacaciones.
TSJ. Permiso por lactancia. Derecho de disfrute del padre aunque la madre no trabaje.
TSJ. Despido. Trabajadora fija discontinua. Falta de llamamiento. Contratación posterior mediante dos contratos sucesivos como interina.
TSJ. Representación de los trabajadores. Crédito de horas. Jubilado a tiempo parcial con jornada del 25% concentrada en tres meses (15 de enero a 15 de abril).
TSJ. Consideraciones sobre el accidente de trabajo. Suicidio del trabajador.
TSJ. Jubilación parcial. Trabajadora con contrato de interinidad por vacante en Administración Pública. Denegación motivada por parte de la Administración.
TSJ. Pensión de viudedad. Parejas de hecho. Requisito de constitución formal. Cataluña.
TSJ. Subsidio de desempleo. Cotización insuficiente para acceder a la prestación contributiva. Reconocimiento inicial por un período de seis meses por carencia de responsabilidades familiares.

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Así ocurre, concretamente, cuando el extranjero es interceptado en el momento de su salida del espacio Schengen, se encuentra simplemente en tránsito y es objeto de un procedimiento de readmisión en el Estado miembro del que procede

El Derecho francés prevé que los nacionales de terceros países pueden ser castigados con una pena de prisión de un año si han entrado de forma irregular en territorio francés.

EL Tribunal Supremo se ocupa, una vez más, de la cuestión de la eventual transmisibilidad del recargo de prestaciones de Seguridad Social, por incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, en supuestos de sucesión de empresa, declarando en su STS de 13 de octubre de 2015 (rcud. 2166/2014) que esa transmisibilidad es posible, aunque el trabajador causante de las prestaciones nunca hubiese prestado servicios en la empresa sucesora, una vez que se haya constatado ese incumplimiento de las medidas de prevención, así como la aparición de la contingencia generadora de la correspondiente prestación, aunque la sucesión se hubiese producido con posterioridad al reconocimiento de la prestación de Seguridad Social sobre la que incide el recargo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del País Vasco contra dos artículos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que declara nulos. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, determina que ambos preceptos vulneran la potestad sancionadora de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social.

Los preceptos impugnados, que reforman la Ley de Empleo y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, atribuyen a organismos estatales –Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su caso, al Instituto social de la Marina (ISM)- la capacidad de imponer sanciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo que no cumplan con el requisito de figurar inscritos como demandantes de empleo. El recurso plantea un conflicto sobre la competencia para imponer dichas sanciones.

TS. ADIF. Tiempo de pausa diaria para bocadillo.
TS. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El Corte Inglés. Decisión empresarial consistente en rebajar del 15 al 5% el descuento para los empleados en las consolas de juego de las nuevas versiones, Play Station 4 y XBOX One.
TS. Despido colectivo. Falta de notificación de la decisión empresarial a los representantes de los trabajadores.
TS. Convenios colectivos. Pérdida de vigencia del convenio estatal de fabricantes de helados por fin del plazo pactado en fase de ultraactividad. Aplicación del convenio de ámbito superior (industrias lácteas). Improcedencia.
TS. Accidente de trabajo in itinere. Reclamación de indemnización de daños y perjuicios a la compañía aseguradora del vehículo responsable del accidente. Inexistencia de prescripción de la acción. Competencia de la jurisdicción civil.
AN. Crédito de horas. Posibilidad de acumulación anual en una bolsa de horas incluyendo el mes de vacaciones.
AN. Bankia. Horas extraordinarias. Prueba de su realización.
TSJ. Acceso al empleo. Prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la salud. Metro de Madrid. Exclusión de un trabajador del proceso selectivo, tras haber sido preseleccionado, al tener constancia la empresa mediante reconocimiento médico de que padecía diabetes.
TSJ. Despido disciplinario. Inasistencias reiteradas que no dan lugar a baja médica, aunque sí están justificadas mediante volante médico. Improcedencia.
TSJ. La protección por desempleo. Nivel asistencial. Liberados de prisión. Denegación por superar el límite de rentas aunque sus bienes se encuentren embargados.
TSJ. Jubilación anticipada por discapacidad. Denegación por el INSS a un trabajador con un 66% de discapacidad por no acreditar a largo de su vida laboral un tiempo efectivamente trabajado equivalente, al menos, a 15 años con un grado de discapacidad del 45% provocada por las enfermedades listadas en el RD 1851/2009. Reconocimiento de la pensión.
TSJ. Impugnación del proceso electoral a través del procedimiento arbitral. Cómputo del plazo.