Legislación Estatal

El sábado 4 de julio se publicó en el BOE el Real Derecho 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016.

La causa que motiva este RD es el deber constitucional de garantizar la igualdad de los ciudadanos al acceso a la educación, ya que más allá de la educación básica, las prestaciones educativas pierden las notas de obligatoriedad y/o gratuidad.

En el BOE de 3 de julio de 2015, se publica la Ley 15/2015, de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria que entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado» excepto:

1. Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia.
2. Las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales, que entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.
3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

La Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2015 se encuadra en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, el cual contempla la aprobación de medidas de reactivación en las comarcas mineras, destinadas a financiar nuevas instalaciones y a ampliar las existentes.

La Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, publicada y en vigor el 27 de junio de 2015, fija las condiciones y el procedimiento para que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al efecto por el artículo 75 bis.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, la TGSS pueda disponer, con carácter transitorio, de las cantidades depositadas en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, para atender a los fines propios del sistema de la Seguridad Social (art. 2.2 LGSS) y en concreto al pago de las prestaciones económicas (art. 86.2 LGSS), así como para hacer frente a las necesidades o desfases de tesorería que pudieran producirse en cada ejercicio.

La Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio (BOE de 27 de junio), haciendo uso de la habilitación contenida en el apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, amplía hasta el 31 de diciembre de 2015 las previsiones allí fijadas respecto al contenido de la acción formativa para los contratos para la formación y el aprendizaje en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, que estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) y en las de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las comunidades autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato y, en su defecto, por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al SPEE, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

El Servei d'Ocupació de Catalunya se consolida como el centro de gobernanza del nuevo sistema y el organismo público que coordina todos los servicios ocupacionales del país.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de ordenación del sistema de empleo y del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). La norma pretende adaptar el sistema de empleo de acuerdo con las recomendaciones europeas, tomando como rasgos definitorios la concertación entre todos los actores y una gobernanza pública reforzada.

La Ley 12/2015, de 24 de junio, sobre concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, de la que se da oportuna cuenta en http://www.civil-mercantil.com/, contiene en su disposición final segunda una modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, consistente en la adición de una disposición adicional, la duodécima, que con entrada en vigor el 1 de octubre de 2015, establece, por un lado, que las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española; por otra, que será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad y, por último, que en los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas con discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de igualdad.

Con entrada en vigor el 25 de junio de 2015, la Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad Social, modifica el criterio de atribución de competencia fijada en la instrucción tercera de la Resolución de 16 de julio de 2004, con relación al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, de forma que a partir de este momento dicha competencia la detentan, exclusivamente, las direcciones provinciales de la TGSS para todo el periodo hasta los 60 meses.