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El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, tras su toma en consideración en primera lectura el pasado 26 de octubre y una vez finalizado el periodo de audiencia e información pública y demás trámites preceptivos, que aseguran la máxima calidad técnica y jurídica de la futura norma.

Con la aprobación del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda será remitido a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley y se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto, para dar cumplimiento al compromiso de España con la Comisión Europea, al formar parte la futura Ley de Vivienda de las reformas e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Después de una visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) al centro de trabajo, el inspector o inspectora extenderá una diligencia conforme a lo establecido en el artículo 21.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este artículo se establece que «los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas».

La expedición de la diligencia también se encuentra recogida en el artículo 1 de la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, donde se especifica que «los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales, con ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación».

En el punto 2 de este artículo se indica que «se extenderá una diligencia por cada visita o comprobación, reflejando las materias o aspectos examinados y demás incidencias concurrentes».

Cada ejemplar de diligencia entregado o remitido a la empresa deberá ser conservado a disposición de la ITSS durante un plazo de cinco años, a contar desde la fecha de expedición de cada uno de ellos.

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos que renuevan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Con esta aprobación se crean 49 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras ocho ya existentes de 16 familias profesionales. Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 prestará especial atención a los sectores más desfavorecidos de la población y tiene los siguientes objetivos a corto plazo:

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2022.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Hasta la aparición de la COVID-19 muchos trabajadores acudían a su puesto de trabajo con gripe, resfriado común y con algo de fiebre, ya que, si los síntomas no eran muy fuertes, no se les pasaba por la cabeza pedir una baja laboral. Además, en caso de conseguirla, perdían 3 días de su salario, un dinero al que muchos trabajadores no quieren renunciar.

Pero la COVID-19 lo está cambiando todo. Ahora, si tienes unas décimas de fiebre ya no puedes ni entrar en la empresa y si empiezas a toser puedes provocar una estampida a tu alrededor o sentir cómo se te clavan las miradas de tus compañeros, algo que puede incomodar más que la propia tos.

Por si no fuera suficiente, ahora nos azota la variante ómicron, que parece no ser tan letal gracias a la amplia cobertura de vacunación, pero que se propaga a una velocidad de vértigo. La OMS calcula que la mitad de la población europea se contagiará de la ómicron en las próximas semanas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue un hito clave en la articulación de la política española de cooperación para el desarrollo. Sin embargo, desde entonces su marco político y jurídico ha cambiado significativamente. En este sentido, destaca la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) en el año 2000, la Declaración de París (2005), los foros de alto nivel de Accra (2008) y Busan (2011), la articulación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y, más recientemente, la adopción en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de la Agenda de Acción de Addis Abeba y del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como la aprobación en 2017 del Consenso Europeo de Desarrollo.

• La Negociación Colectiva vuelve a tener un papel central
  
• Los convenios colectivos recuperan la ultraactividad indefinida
  
• El convenio de empresa deja de ser prevalente en materia salarial, evitando las prácticas de devaluación salarial
  
• Desaparece el contrato por obra o servicio
  
• La contratación temporal podrá justificarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora
  
• Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional
  
• Se rediseñan los desincentivos de los contratos de muy corta duración para reducir la excesiva rotación
  
• Se introducen mecanismos de flexibilidad interna, con exoneraciones a la Seguridad Social e incentivos a la formación, como alternativa a la temporalidad y para reducir los despidos en momentos de crisis o reconversión, siguiendo el modelo usado durante la pandemia
  
• El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en enero de 2025