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"La economía ya se ha recuperado y el empleo crece a un ritmo del 3%, creando casi 500.000 puestos de trabajo al año", ha afirmado Rosell, añadiendo que "la propuesta que hacemos a los sindicatos está basada en los datos de la realidad". "Con este acuerdo queremos poner a la empresa como centro de la sociedad", ha resaltado. 

Esta acuerdo con los sindicatos, en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ha sido firmado para los próximos tres años: "Creemos que es muy importante porque da estabilidad y tranquilidad", ha remachado Rosell. Además, el presidente de CEOE ha hecho hincapié en los nuevos aspectos que ha introducido este pacto, como es el caso del absentismo, la formación y la productividad. 

Los derechos laborales de los trabajadores se recogen principalmente en el Estatuto de los Trabajadores  y en los convenios colectivos, pero no es extraño que en muchas ocasiones sean vulnerados o se apliquen malas prácticas en los departamentos de Recursos Humanos o por la dirección de la empresa, pensando que con estas acciones se incrementará la rentabilidad de la empresa, sin embargo en muchas ocasiones el efecto es el contrario.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles cumple el próximo 17 de junio su decimoquinto aniversario. En estos quince años de andadura, la entidad ha llevado a cabo una intensa actividad de sensibilización de los distintos estamentos de la sociedad española acerca de la necesidad de modificar nuestros hábitos en materia de horarios. Para ello, ha celebrado más de 1500 eventos por toda la geografía española, además de mantener reuniones y alcanzar acuerdos con todo tipo de instituciones, empresas y entidades de carácter público y privado. Gracias a todo ello, la Comisión Nacional ha conseguido que representantes de más de cien instituciones y entidades —ministerios, comunidades autónomas, universidades, organizaciones empresariales, sindicales y sociales, y miembros destacados de la sociedad civil— formen parte de esta asociación.

En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE, «durante estos quince años de existencia, la Comisión Nacional ha trabajado intensamente para fomentar la reflexión de los españoles sobre el valor del tiempo y la importancia de gestionarlo bien. Una década y media en la cual hemos contribuido a que la racionalización de horarios, con todos los beneficios que conlleva su aplicación, empiece a producirse, aunque sabemos que los cambios de mentalidad son lentos y todavía hoy nos encontramos con personas en las empresas y fuerzas políticas a quienes les cuesta cambiar el “chip” y, por tanto, hay que demostrarles que conciliar es rentable».

El salón de actos de la sede del Consejo Económico y Social acogió el pasado jueves 7 de junio, ante más de un centenar de asistentes, la jornada anual de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje – FSP (SIMA-FSP) y que en esta ocasión se desarrollaba bajo el título “La solución autónoma de conflictos laborales y su relación con la Jurisdicción Social”.

La apertura y presentación corrió a cargo del vicepresidente de la Fundación SIMA-FSP, Francisco González Moreno.

El formato elegido fue el de una mesa debate compuesta por Carmen Agut García, Letrada del Gabinete del Tribunal Supremo (área social) y Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón; Rosario García Álvarez, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Ricardo Bodas Martín Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La Mesa estuvo moderada por la directora de SIMA-FSP, Beatriz Losada Crespo.

Entre sus diferentes recomendaciones, la subcomisión ha abordado una de las grandes reivindicaciones del sector cultural durante los últimos años: el gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido. El informe propone que toda la cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%). 

Por otro lado, y debido a las irregularidades en los ingresos propios de estos trabajos discontinuos en el tiempo, la subcomisión propone que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos 3 o 4 años. Tras calcular este rendimiento neto, el informe contempla que se estipule un límite máximo en el que se tributaría bajo condiciones específicas del artista para que el dinero que exceda esta cantidad sea gravado conforme a la tarifa general. En este tramo al que se aplica la tarifa general también se deberá calcular la media con los años anteriores y sumar los rendimientos obtenidos en otras actividades a las que también se aplica la tarifa general.

Antonio y María acaban de incorporarse a una empresa donde realizarán trabajos administrativos, pero lo que no saben antes de ocupar su puesto es que sus compañeros les han cambiado las sillas dejándoles las más viejas de la oficina. Antonio se sienta y comprueba que no se encuentra cómodo, se levanta y solicita a su superior una silla nueva, pidiendo además poder probarla antes; sin embargo María no se atreve y procura apañárselas en una silla que se asemeja más a un instrumento de tortura.

A los dos meses María no soporta el dolor de espalda y tiene que cogerse una baja laboral, mientras que Antonio continua realizando su trabajo con normalidad, aunque a sus compañeros le extrañan algunos movimientos que hace con el cuello.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación genérica del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo, siendo para los trabajadores de oficina sus sillas y pantallas de ordenador factores de riesgos laborales.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con la moción consecuencia de interpretación urgente sobre las condiciones de vida y trabajo de los temporeros en las campañas agrícolas de España impulsada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, en los términos de una enmienda transaccional pactada por varios grupos.

La iniciativa insta al Gobierno a fortalecer la inspección e trabajo con los recursos materiales y humanos necesarios a nivel provincial que garantice una correcta supervisión del trabajo en el campo, con planes especiales dirigidos a asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Pide además estudiar y modificar la normativa electoral sindical para que los trabajadores eventuales del REAS puedan votar y ser elegidos como delegados sindicales a nivel provincial.