La reforma consolida un modelo basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha presentado el proyecto del nuevo Reglamento de extranjería, uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Gobierno para gestionar la inmigración.

El futuro reglamento, al desarrollar las estipulaciones de la nueva Ley de Extranjería de 2009 permite dar respuesta -según ha explicado la secretaria de Estado- a los nuevos retos planteados por el cambio de ciclo migratorio. La vinculación entre inmigración y mercado de trabajo explica que, en estos dos últimos años, haya habido un importante descenso de los flujos de entrada de inmigrantes. El Reglamento perfecciona los mecanismos de gestión previstos y pone el mayor énfasis en la integración y el fortalecimiento de la cohesión social.

Desde 2004 se ha concedido la residencia por esta vía a 78 progenitores extranjeros de menores españoles

El Código Civil español, que regula la atribución de la nacionalidad española, establece diferentes medios de adquisición para las personas nacidas en España.

En primer lugar, hay que partir del sistema del ius sanguinis que establece la legislación española: los hijos, como regla general, tendrán la nacionalidad de sus padres. Este es el sistema seguido en la mayoría de países del mundo.

Ahora bien, como consecuencia de la existencia en determinados países del sistema denominado ius soli, existen situaciones en las que el nacimiento del menor en otro país que no sea el de la nacionalidad de sus progenitores, no atribuye ninguna nacionalidad, y cuya regulación se contempla en el artículo 17 del Código Civil español.

El pasado mes de noviembre en esta misma página se informó de la fijación por el Consejo de Ministros de un calendario legislativo prioritario donde se detallaban las iniciativas legislativas que el Gobierno preveía aprobar en los siguientes meses.

De ese calendario se destacaba, entre otras, la Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones.

Por su parte la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, contiene numerosas remisiones a otras reformas de gran calado tanto en el plano reglamentario como en el plano legal.

Con el propósito de ofrecer una guía de la evolución de la “hoja de ruta” prevista de las reformas anunciadas, se ofrecen los documentos de trabajo barajados para hacerlas efectivas en relación con los dos grandes ámbitos a desarrollar: mercado de trabajo y pensiones.

Mercado de trabajo

Una vez ratificado el Acuerdo Social y Económico (ASE) por los órganos de dirección de las Confederaciones Empresariales (CEOE y CEPYME) y Sindicales (CCOO y UGT), hoy miércoles 2 de febrero está prevista su firma por los agentes sociales y el Gobierno durante un acto en el Palacio de la Moncloa.

El resultado de las negociaciones se estructura en distintos tipos de Acuerdo.

El primero de ellos, de carácter tripartito, se refiere a tres ámbitos específicos: la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo y otras medidas de índole laboral y, por último, el ámbito de las políticas industrial, energética y de innovación.

El Consejo de Ministros, tras el principio acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales ha aprobado el anteproyecto de ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social.

La finalidad que persigue este texto legal es reforzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones español en la línea marcada por las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de enero.

El comunicado, firmado por todas las partes, dice lo siguiente:

"En la madrugada de hoy las organizaciones empresariales CEOE Y CEPYME, las confederaciones sindicales CC.OO. y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del Sistema de Pensiones, determinadas Políticas Activas de Empleo y los criterios básicos para la reforma de la Negociación Colectiva. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por las direcciones correspondientes de cada una las organizaciones.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes (25 de enero de 2011), con 334 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, el informe de evaluación y reforma del modelo de pensiones elaborado por la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo.

La Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo aprobó el pasado día 29 de diciembre el informe que hoy ha sido debatido y votado en el Pleno de la Cámara, junto a los 26 votos particulares presentados por los distintos grupos parlamentarios.

El Pleno rechazó todos los votos particulares salvo el presentado por  CiU, con una subsanación incorporada por el propio grupo parlamentario, que se aprobó con 186 votos a favor, 12 en contra y 148 abstenciones; y el registrado por los grupos Socialista, Popular, de CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto, que salió adelante por unanimidad.

El Pleno del Congreso de los Diputados celebra hoy -día 25 de enero de 2011- y mañana una sesión extraordinaria, acordada la semana pasada por la Diputación Permanente del Congreso, para debatir y votar, entre otras cuestiones, el informe de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo sobre la reforma del modelo de pensiones, y los votos particulares presentados al mismo.

• Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo