Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2020.
Arrendamientos
En primer lugar, se incluye la extensión de determinadas medidas de "escudo social" de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, que fueron recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
De esta forma, con la aprobación de este Real Decreto-ley se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida favorece la posibilidad de actuación de los servicios sociales teniendo en cuenta que persiste una difícil situación para muchos hogares que pueden estar en riesgo de perder su vivienda y, todo ello, en sintonía con la extensión de otras medidas de protección social en el ámbito económico y laboral.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Dicho texto recoge así la posibilidad de que se pueda contratar a aquellos profesionales que, cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad. Por lo tanto, se podrá contratar, a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han resultado adjudicatarios de plaza.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
La finalidad es asegurar el normal funcionamiento de las administraciones públicas, impulsando una nueva forma de organización y estructuración del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha consensuado con las asociaciones mayoritarias de autónomos la prórroga de las ayudas a los trabajadores por cuenta propia hasta el 31 de enero de 2021. El acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.
La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19.
No hay nada más triste para un trabajador que cumple con su trabajo eficaz y eficientemente que ver como otros compañeros que trabajan menos y peor consiguen aparentar hacer más de lo que realmente hacen, se llevan los méritos del trabajo en equipo y son más valorados por la dirección de la empresa.
Esta tristeza, que para muchos empleados es el pan nuestro de cada día, es uno de los factores que propicia la fuga de los mejores trabajadores de las empresas, que esperan encontrar en otras organizaciones el reconocimiento y valoración de su buen trabajo.
Y es que ya decía Julio César que «la mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo», por lo que no basta con ser bueno haciendo un trabajo, es también necesario hacérselo ver a los superiores, siendo esto algo que se les atraganta a muchos buenos profesionales.
En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la subsecretaria, Dionisia Manteca, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros y directores generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla con competencias en Función Pública así como representantes de la FEMP.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.
