RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla 1683/2017, de 1 de junio

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 786/2017, de 11 de octubre

En este trabajo se expone la metodología de juzgar con perspectiva de género, aplicada a una sentencia relativa al derecho de una trabajadora a reducir y concretar su horario de trabajo para cuidar a su hijo de 7 meses, bajo el prisma del canon reforzado de los derechos fundamentales en juego (arts. 14 y 39 Constitución española), que debe prevalecer en la solución de cualquier duda interpretativa de legalidad ordinaria. La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de este sino también al ámbito del desarrollo y vicisitudes de la relación laboral.

Palabras claves: juzgar con perspectiva de género; igualdad; reducción horaria.

1. El año 2017 se despedía con un dato sociodemográfico inquietante relativo a nuestro «saldo vegetativo» –diferencia entre defunciones y nacimientos–, y es que en España hay más defunciones que nacimientos, lo que no es un mero dato coyuntural sino una tendencia, al repetirse cada semestre desde 2015 (Informe INE sobre el Movimiento Natural de la Población). No obstante, el balance final de la radiografía sociodemográfica española resulta muy esperanzador porque gracias al «saldo migratorio» positivo se logró que la población residente en España –por lo tanto, activa, cotizante y contributiva– no solo se mantuviese respecto del año anterior, sino que aumentara hasta superar los 46,5 millones de habitantes, consolidando así el crecimiento iniciado en 2016. Dicho «saldo migratorio» favorable se produjo porque entraron en España 237.115 inmigrantes y salieron más de 184.189 ciudadanos –nacionales y extranjeros–, lo que arroja una diferencia positiva de 52.926 personas.

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El presente trabajo parte de una revisión bibliográfica nacional e internacional del papel de los comités de empresa europeos en calidad de agentes negociadores transnacionales, así como de los recientes posicionamientos de diversas instituciones de la Unión Europea al respecto. A continuación, se analiza el cuerpo normativo internacional en materia de negociación colectiva con el fin de defender la idea de que los comités de empresa europeos pueden asumir competencias al respecto. Desde una perspectiva práctica, se hace un rastreo de los acuerdos de constitución de los comités de empresa europeos con sede en España buscando cláusulas referidas a la capacidad negocial. Asimismo, se procede a un chequeo de los acuerdos de constitución de los comités de empresa europeos de fuera de España pero en los que España forma parte del mismo con cláusulas similares. Con ello se verá la tendencia a dotar de competencias en negociación colectiva a este órgano.

Palabras claves: negociación colectiva; comité de empresa europeo; legitimación; acuerdos de constitución.

La externalización laboral llevada a cabo a través de empresas multiservicios ha proliferado en las últimas décadas, situándose al margen de las garantías tuitivas previstas para las empresas de trabajo temporal, con el resultado de la precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores subcedidos. La primacía aplicativa del convenio colectivo de empresa instaurada tras la reforma laboral promulgada en 2012 ha servido como subterfugio para perjudicar aún más las condiciones de los trabajadores externalizados. Sin embargo, al haber sido declarada la nulidad de la práctica totalidad de los convenios colectivos firmados por las empresas multiservicios, la determinación del verdadero convenio colectivo aplicable resulta primordial de cara a evitar la elusión empresarial de las condiciones laborales que deberían ser aplicadas a sus trabajadores.

Palabras claves: externalización; multiservicios; convenio colectivo.

El conocido y exitoso fenómeno de la descentralización productiva, entendido como un modelo de organización empresarial enfocado a conseguir el ahorro de costes mediante el desplazamiento hacia el exterior de la actividad empresarial, origina en el ámbito jurídico-laboral, entre otros puntos controvertidos, la cuestión capital relativa a la determinación de cuál debe ser el destino de los contratos de trabajo afectados a la finalización de las contratas correspondientes.
Asimismo, a ello hay que añadir, especialmente en el sector público, y más concretamente en el ámbito de las entidades locales, la generalización de un proceso inverso tendente a la recuperación de servicios –y actividades en general– que habían sido previamente externalizados y que pasan ahora a prestarse directamente, siendo necesario también dilucidar qué ocurre con las relaciones laborales de los trabajadores que se encontraban adscritos a ellos.
En lo que sigue, abordaré estas cuestiones partiendo de un minucioso análisis del tratamiento doctrinal y jurisprudencial de esta materia y tratando de ofrecer un enfoque sugestivo y original en el desarrollo de las cuestiones y en las soluciones propuestas.

Palabras claves: reversión servicios públicos; contratas; externalización; extinción contrato de trabajo.

1. La celebérrima construcción con que encabezo este prólogo de un nuevo monográfico de «Diálogos con la jurisprudencia» y la doctrina judicial en relación con temas actuales y relevantes de las relaciones de trabajo –y, en breve, de la Seguridad Social– es, sin ningún género de duda ni exageración, la mayor aportación que el Tribunal Constitucional (TC) español ha hecho a la teoría de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados, no ya solo nacional sino incluso europea –también suramericana–, aportando, más allá de hermosas metáforas, solidez jurídica a la pionera, y difusa, elaboración de los tribunales alemanes, constitucional y supremo, a mediados del siglo pasado. Con ella, el TC, en su época dorada, llevaba con fulgor y frescura a la escena jurídico-laboral española (ej. STC 99/1994), en ausencia de ley específica, lo que un cuarto de siglo antes propuso el Statuto dei Lavoratori de 1970 en Italia, dando carta de naturaleza e identidad propia a un amplio catálogo de derechos civiles en las empresa. Al tiempo que mostraba que no era pura metáfora –o mito (tiene bastante de ello, no nos engañemos a estas alturas)– la promoción en Francia, a través de las Leyes Auroux, en 1982, de un estatuto de derechos de democracia político-civil en la empresa.

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