RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La «Carta de derechos digitales» de los trabajadores ya es ley: menos claros que oscuros en la nueva regulación

1. El análisis de actualidad sociolaboral del número 424 de esta revista, correspondiente al mes de julio de 2018, concluía con el deseo de que el título X del proyecto de Ley orgánica de protección de datos, fruto de la tramitación de una enmienda del Grupo Socialista, prosperase, puesto que incorporaba novedosamente una «carta de derechos digitales» en el ámbito laboral. El favor expresado no se basaba en las bondades de su contenido, pues como se apuntaba, presentaba más sombras que luces, sino en la necesidad de disponer de un mínimo tratamiento legislativo respecto de cuestión tan trascendental para el mundo del trabajo actual. Aportaba así, en última instancia, datos legislativos que permitirían al intérprete superar los vicios jurídicos y reconstruir sobre fundamentos avanzados el equilibrio perdido, en una materia que se ha venido configurando hasta ahora como «una encrucijada en la que confluyen líneas de fuerza en tensión y múltiples cuestiones en que la jurisprudencia no siempre ha ofrecido respuestas uniformes o coincidentes», según apunta la muy reciente e importante Sentencia del Tribunal Supremo (STS) (Sala de lo Penal) 489/2018, de 23 de octubre.

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Margarita Miñarro Yanini
Secretaria

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Despidos colectivos de trabajadores de edad avanzada y protección social: entre la discriminación y la eficiencia

Uno de los principales problemas que han planteado los pactos de prejubilación ligados a despidos colectivos es su posible carácter discriminatorio, pues la edad se acaba convirtiendo en muchas ocasiones en el criterio definitivo de implicación de los trabajadores en el proceso extintivo, aunque, en realidad, la misma no guarde ningún tipo de relación con las causas que motivan el mismo. La elección como afectados de los trabajadores de mayor edad solo será válida si la empresa demuestra que hay causas justificadas que la llevan a tomar dicha decisión. Ante la precaria situación provocada por la expulsión prematura de los trabajadores de edad, el ordenamiento español diseña diversos mecanismos para lograr la anticipación –real o ficticia– del momento de la jubilación, modificados tras la Ley 27/2011, cuyo fundamento se encuentra en un pacto entre el trabajador y el empresario, que normalmente se lleva a cabo en un contexto de regulación de empleo o de bajas incentivadas para reducir o reestructurar la plantilla en la empresa. En dicho contexto, que no esconde sino el deseo empresarial de rejuvenecimiento de plantillas, el legislador, a la vez que otorga subvenciones públicas para reparar situaciones de necesidad de los afectados y endurece la jubilación anticipada involuntaria o por crisis, pretende penalizar las prejubilaciones imponiendo una aportación económica al Tesoro público de aquellas grandes empresas (o grupos de empresas) con beneficios que efectúen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años, con la pretensión de limitar la asunción de costes de la Administración pública en el capítulo de la protección por desempleo de los trabajadores de edad avanzada en contextos de reestructuración empresarial.

Palabras clave: trabajador de edad avanzada; despido discriminatorio; prejubilación; aportación al Tesoro público.

M.ª de los Reyes Martínez Barroso
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de León

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La reclamación de salarios de tramitación al Estado por la dilación del proceso judicial

El artículo 56.5 del Estatuto de los Trabajadores regula la obligación del Estado a la hora de abonar los salarios de tramitación, cuando proceda su devengo, en los casos en los que la improcedencia de un despido haya sido declarada transcurridos más de 90 días desde la presentación de la demanda. En el presente estudio abordaré las cuestiones sustantivas y procesales que se derivan de esta obligación estatal.

Palabras clave: salarios de tramitación; responsabilidad del Estado; despido improcedente; insolvencia empresarial; proceso laboral.

Eduardo Enrique Taléns Visconti
Profesor ayudante doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universitat de València

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Economía colaborativa y crisis del derecho del trabajo

La economía colaborativa surge en un contexto propicio de crisis y de derroche. Nos ha llevado a despertar de una pesadilla en un mundo cada vez menos sostenible y nace de una propuesta para cubrir de forma racional necesidades innatas desde un punto de vista individual y colectivo. Se ha pasado desde un viejo modelo de trueque a una versión evolucionada en la que las plataformas digitales han creado una fórmula expansiva del fenómeno sobre la base de la reputación digital. Las diferentes fórmulas del consumo colaborativo han llegado para quedarse. Sin embargo, las grandes plataformas creadas aprovechando el «viento a favor» no se adaptan con facilidad a los clásicos derechos consolidados en el ámbito laboral. Toca, pues, adoptar las medidas necesarias para acomodar los derechos de los trabajadores a las nuevas fórmulas de la economía colaborativa.

Palabras clave: economía colaborativa; plataformas digitales; trabajador por cuenta ajena; trabajador autónomo; consumidores.

José Sánchez Pérez
Profesor contratado doctor (acreditado) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Granada

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«Juego de tronos» entre «togados comunitarios»: «nuevas batallas» por la «última palabra jurídica» en materia sociolaboral

El clásico conflicto entre la justicia social y la seguridad jurídica presenta, en los últimos años, un especial «dramatismo» en las relaciones de trabajo de España, a raíz del uso expansivo que los tribunales nacionales de «nivel inferior» están haciendo de la cuestión prejudicial ex artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La enorme potencialidad innovadora y disruptiva de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en gran medida algo sacralizados y tenidos como infalibles por los órganos judiciales nacionales, pese a cometer errores, y de bulto a veces, sumado a la falta de intervención legislativa para conformar nuestro derecho legislado a sus mandatos, está haciendo que cada nivel judicial cree su «propia lectura» del fallo comunitario, con opciones dispares entre unos y otros. Asuntos como De Diego Porras, Montero Mateos, en el ámbito de la contratación temporal, o los que dieron lugar al asunto Somoza Hermo, para la transmisión de empresa, así lo evidenciaría. Nadie duda de las bondades de este nuevo modo de producción jurídica, que se basa en el «diálogo a múltiples voces», para el progreso del derecho del trabajo, en ausencia de la debida intervención legislativa, cada vez más abstencionista y temeroso; pero tampoco son dudosos los vicios que crea, en términos de exaltación de la diversidad interpretativa, por lo tanto del caos hermenéutico y la inseguridad jurídica. Consecuentemente, tras un análisis detenido de la actualidad judicial en esta materia, el autor de este análisis reclama un manejo más responsable –prudente– del formidable poder jurídico que el derecho de la Unión Europea pone en manos de cada juez, no solo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a fin de evitar que aquel conspicuo «diálogo a múltiples voces» derive en una continuo «juego de tronos» entre togados comunitarios por la «última palabra», en un círculo interpretativo sin fin, poco virtuoso.

Palabras clave: contratos temporales; indefinidos no fijos; transmisión de empresa; jurisprudencia comunitaria; derecho social comunitario.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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La libertad sindical de «todos» no alcanza a «las OTRAS»: la Audiencia Nacional confunde titularidad del derecho de libertad sindical con legalización de la prostitución

Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 174/2018, de 19 de noviembre

Margarita Miñarro Yanini
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Jaume I

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¿Réquiem por los contratos de obra «inusualmente largos» vinculados a prolongadas contratas?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 787/2018, de 19 de julio

Manuel García Jiménez
Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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Garantías colectivas de empleo, flexibilidad interna y despido objetivo: ¿deberes de renegociación versus libertad de empresa?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 925/2018, de 23 de octubre

Antonio Álvarez Montero
Catedrático de Escuela Universitaria.
Universidad de Jaén

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