Artículos legislación

Ante la situación de emergencia creada por el conflicto en Ucrania, a través de la Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, publicada y en vigor el 10 de marzo, en desarrollo del Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, se regulan las normas complementarias para el reconocimiento individual de la protección temporal de las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania a las que se refieren la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la mencionada decisión que se recoge en la Orden PCM/170/2022, también publicada en el BOE del 10 de marzo.

El Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo (BOE de 2 de marzo), bajo el título «de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras», contiene, aunque no se infiera directamente de su rúbrica, las siguientes medidas en el ámbito sociolaboral, que entran en vigor el 2 de marzo de 2022:

1. MEDIDAS SOCIALES

1.1. Subsidio por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas

1.2. Programas de activación para el empleo

2. MEDIDAS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

3. MEDIDAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

En el BOE del 2 de marzo de 2022 se publica la Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, que anula y sustituye a la de fecha 24 de febrero de 2022, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV Convenio Único de la Administración General del Estado y de la que se dio cuenta en esta página.

La Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, publicada en el BOE de 1 de marzo y con entrada en vigor el día siguiente, introduce cambios que no se corresponden con lo esperado.

Nos referimos en concreto, por una parte, a las modificaciones introducidas a través de su disposición final primera en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (LETT) (vid. cuadro comparativo).

En el BOE del 28 de febrero se publica la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV Convenio Único de la Administración General del Estado.

La Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, publicada en el BOE de 26 de febrero, y con entrada en vigor el día siguiente, modifica la Orden de cotización para 2021 (disp. trans. 2ª.1) para ampliar el plazo inicialmente previsto para poder ingresar sin recargo las diferencias de cotización que se hubieran podido producir como consecuencia de su aplicación respecto de las cotizaciones que se hubieran efectuado a partir de 1 de septiembre de 2021. De este modo, el plazo que expiraba el 28 de febrero de 2022 se amplía hasta el 30 de junio de 2022.

La Orden INT/120/2022, de 25 de febrero (BOE de 26 de febrero), modifica la modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, sobre criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para:

La Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias (BOE de 25 de febrero), modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dando nueva redacción a la letra y) de su artículo 7 para declarar exento el ingreso mínimo vital (IMV) en las mismas condiciones que el resto de las prestaciones monetarias públicas de carácter social, sin perjuicio de la obligación que incumbe a sus perceptores de declarar el impuesto.

Los efectos de esta modificación se retrotraen al 1 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el IMV.