Artículos legislación

El Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, publicado en el BOE de 9 de septiembre y en vigor el 10 de septiembre de 2026, adopta un nuevo paquete de medidas para contribuir a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Aunque buena parte de su contenido tiene carácter fiscal, financiero y presupuestario, la norma incorpora medidas de interés sociolaboral, especialmente en materia de protección por cese de actividad de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la erupción.

El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, desarrollando el mandato de la Ley 6/2022 para establecer unas condiciones mínimas aplicables en todo el territorio nacional. la nueva regulación pretende garantizar que la información, la comunicación, los entornos, los bienes y los servicios puedan ser comprendidos y utilizados por las personas con dificultades cognitivas, mediante instrumentos como el lenguaje claro y sencillo, la lectura fácil, los apoyos visuales o la comunicación aumentativa y alternativa.

Aunque el reglamento tiene un ámbito mucho más amplio que el estrictamente laboral, merece especial atención su artículo 14, dedicado específicamente al empleo, que introduce obligaciones concretas para las empresas en materias tan relevantes como la selección de personal, la formación, la prevención de riesgos laborales, los sistemas de fichaje, la organización del trabajo o los ajustes razonables.

La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2027.

El BOE de 2 de septiembre de 2026 publica la Resolución de 3 de agosto de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por la que se da a conocer el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura correspondiente al tercer trimestre de 2026.

El Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, publicado en el BOE de 2 de septiembre y en vigor –con la excepción que se anotará– el 3 de septiembre de 2026, articula un amplio paquete de actuaciones para responder a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la entrada irregular de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y de la posterior situación de emergencia.

Entre las medidas aprobadas ocupan un lugar destacado las destinadas a proteger el empleo, reducir los costes de Seguridad Social de empresas y personas trabajadoras autónomas y facilitar el mantenimiento de la actividad económica. A ellas se dedica específicamente el capítulo III de la norma.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea del 1 de julio al 31 de agosto de 2026, sombreando aquellas que ha sido objeto de análisis en esta página.

La Ley 2/2026, de 29 de julio, publicada en el BOE del 31 de julio y con entrada en vigor el 1 de agosto de 2026, modifica la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para reforzar la protección de los profesionales colegiados acogidos a mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y establecer una vía que les permita, en determinadas condiciones, transferir los derechos económicos acumulados en estas entidades al sistema público de Seguridad Social.

El Real Decreto 643/2026, de 29 de julio (BOE de 30 de julio), modifica dos normas relevantes en materia de gestión de la Seguridad Social: el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, aprobado por el Real Decreto 84/1996, y el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

El Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009 para incorporar nuevas patologías entre aquellas que pueden permitir la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %.