A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 31 de marzo de 2026, sombreando aquella que ha sido objeto de análisis en esta página.
Se ha publicado en el BOE de 31 de marzo la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. La orden entra en vigor el 1 de abril de 2026, pero despliega efectos desde el 1 de enero de 2026, de modo que da cobertura reglamentaria a las cotizaciones ya devengadas en lo que va de año. La norma se dicta en un contexto de prórroga presupuestaria y toma como base el marco transitorio fijado por el Real Decreto-ley 3/2026.
Con este título se ofrece aquí en abierto el artículo del profesor Cristóbal Molina Navarrete en el que sostiene una posición claramente crítica respecto del Dictamen 188/2026 del Consejo de Estado sobre el proyecto de reglamento de registro de jornada.
El Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo, regula para el ejercicio 2026 la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas, la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la actualización de otras prestaciones sociales públicas.
La norma se dicta en desarrollo del Real Decreto-ley 3/2026 (convalidado por Resolución de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados) y, además, deroga expresamente el Real Decreto 39/2026, que había sido aprobado en enero.
Desde un punto de vista práctico, el real decreto cumple una función de ordenación y cobertura reglamentaria del régimen de pensiones y prestaciones públicas de 2026, manteniendo las cuantías ya previstas para este ejercicio sobre la nueva base legal vigente.
El Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, modifica la regulación de la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) con los ingresos procedentes del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia (RD 789/2022) con la finalidad de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
El Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo (BOE de 26 de marzo), con entrada en vigor el 1 de julio de 2026, modifica el Real Decreto 1277/2003 para reforzar las garantías de seguridad del paciente en la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La reforma parte de la necesidad de asegurar que la asistencia sanitaria sea prestada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas, e incorpora además una actualización de la clasificación y definición de varias unidades asistenciales.
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (BOE de 21 de marzo y en vigor el 22 de marzo), incorpora un bloque de contenido sociolaboral que se articula en tres grandes líneas: refuerzo de la protección social frente al encarecimiento energético, apoyo a autónomos y sectores especialmente expuestos, y medidas de mantenimiento del empleo vinculadas a las ayudas públicas.
La Orden SND/208/2026, de 9 de marzo (BOE de 14 de marzo), en vigor el 15 de marzo de 2026, modifica el anexo II del Real Decreto 81/2014 para actualizar el listado de prestaciones sanitarias sometidas a autorización previa en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. La finalidad de la reforma es adaptar la regulación a la experiencia acumulada desde 2014 y a los avances científicos y técnicos producidos en estos años.
La norma recuerda que la asistencia sanitaria transfronteriza se enmarca en la Directiva 2011/24/UE, que reconoce el derecho de los pacientes a recibir atención en otro Estado miembro, con la idea de facilitar una asistencia segura y de calidad y reducir cargas burocráticas. No obstante, también admite que determinados tratamientos puedan quedar sujetos a autorización previa cuando concurran razones de planificación sanitaria, alto nivel de especialización o elevado coste.
