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El Parlamento dio el jueves su visto bueno definitivo a las nuevas reglas sobre duración mínima de la baja de paternidad y permisos parentales no transferibles.

La normativa, que ya había sido acordada de manera informal con los ministros de la UE fija mínimos que todos los Estados miembros deberán respetar, con objeto de impulsar la presencia de mujeres en el ámbito laboral y reforzar el rol del padre, o del segundo progenitor, en la familia. Se trata de facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, adaptarse a los cambios sociales e impulsar la igualdad de género.

El texto salió adelante con 490 votos a favor, 82 en contra y 48 abstenciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado luz verde a la Orden Ministerial que garantizará el cumplimiento de la obligación empresarial de suscribir y pagar el Convenio Especial para personas trabajadoras mayores de 55 años, en el caso de despidos en las regulaciones de empleo. La Orden se publicará próximamente en el BOE.

El objetivo del texto es dar seguridad jurídica a las personas con 55 años o más afectadas por un ERE en empresas que no estén en procedimiento concursal. Las empresas son, además, las obligadas al abono de las cuotas destinadas a la financiación del Convenio, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado en su reunión de hoy la convalidación de seis reales decretos-leyes sobre el Brexit, igualdad de oportunidades en el empleo; lucha contra la precariedad laboral; medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler; regulación las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria, y destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales, todos ellos aprobados en Consejo de Ministros durante las reuniones celebradas a lo largo del mes de marzo.

En primer lugar, se debatió el Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. Dichas medidas, que han quedado convalidadas, con lo que continuarán su vigencia, se orientan a dos objetivos: preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2019 que sumará un total de 33.793 plazas, 2.949 más (casi un 10%) que la oferta de 2018 y la mayor de los últimos 11 años.

Las plazas de la Oferta de Empleo Público son 28.539 más 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal.

Distribución de efectivos

• Administración General del Estado: 20.781
  
• Fuerzas Armadas: 1.814
  
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 5.561
  
• Estabilización en el ámbito de Justicia: 2.237
  
• Estabilización en el ámbito de Educación: 489
  
• Estabilización en el ámbito AGE: 2.528 (en 2019 y correspondiente a PGE 2018)
  
• Previsiones del efecto del Brexit: 383 (convocadas ya en febrero)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba.

El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas.

Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el sistema para la admisión de miembros y socios de EURES en nuestro país, con el objetivo de proceder al desarrollo normativo preciso para la aplicación efectiva en España del Reglamento EURES.

EURES constituye una red de cooperación entre la Comisión Europea y los Servicios Públicos de Empleo de los estados miembros creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es el principal instrumento a escala europea para facilitar la movilidad laboral.

Para poder adaptarse a la evolución del mercado de servicios de contratación es conveniente ampliar la composición de la red EURES, lo que mejorará la eficiencia en la prestación de servicios e incrementará la cuota de mercado de la Red, en la medida en que los nuevos participantes aportarán ofertas y demandas de empleo, currículum vitae, y brindarán servicios de apoyo a los trabajadores y empresarios.

La Diputación Permanente del Congreso debatirá el próximo miércoles 3 de abril, a partir de las 11:30 horas, sobre la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes aprobados en Consejo de Ministros durante las reuniones celebradas a comienzos del mes de marzo.

En primer lugar, se debatirá el Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. Dichas medidas se orientan a dos objetivos: preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial.