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El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Acción para garantizar la transposición de Directivas comunitarias en riesgo de multa a lo largo de 2018.

La aprobación de este Plan de Acción responde a la nueva política de la Comisión Europea en materia de incumplimientos por los Estados miembros de las obligaciones de transposición en plazo de directivas. El pasado año la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación sobre la aplicación del Derecho de la Unión Europea y endurecía el criterio de aplicación del artículo 260.3 del Tratado Fundacional de la Unión Europea: en lo sucesivo, además de una multa coercitiva, solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todo caso, una multa a tanto alzado contra el Estado miembro. La aplicación de este nuevo criterio supone incrementar, en gran medida, el riesgo de imposición de una multa económica para los Estados incumplidores de los plazos de transposición.

A pesar de que el artículo 4 de la Constitución Española especifica que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", esta ley no llega a muchas empresas, donde este tipo de discriminaciones están a la orden del día.

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en España es una realidad, a pesar de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea en el 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia.

Sin embargo, parece que nuestros políticos van a abordar esta asignatura pendiente, ya que tres de los grandes partidos, PSOE, Podemos y Ciudadanos, quieren prohibir la brecha por ley y aplicar sanciones, al estilo de como ya se ha aprobado en Islandia, para lo cual están preparando propuestas de ley. Por su parte, el PP defiende la transparencia y la realización de auditorías y no descarta que se puedan aplicar sanciones.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para poner en práctica un Plan contra la Explotación Laboral. 

Esta iniciativa ha salido adelante en los términos de una enmienda transaccional con el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Con ella, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a "garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales pactados, bien el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo, y promoverá, previo diálogo con los interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales de producción de las empresas se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal, familiar y personal, y favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde una moción del Grupo Socialista que insta al Ejecutivo a poner en marcha una nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y le urge a reunir la mesa de diálogo social y a las Comunidades Autónomas para poner en marcha un plan de choque en esta materia. 

El Congreso emplaza al Gobierno, con objeto de combatir los excesos de jornada, y reforzar de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, promoverá un "Plan Contra la Explotación Laboral" que se centrará en los siguientes ejes: 

• La modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con el objeto de: 
  
  
  1. Considerar una infracción por cada trabajador afectado en caso de transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias. Actualizando las cuantías establecidas en la LISOS. 
  2. Tipificar expresamente como infracción grave realizar una jornada de trabajo superior o fuera del horario pactado en los contratos a tiempo parcial, considerando una infracción por cada trabajador afectado, equiparándose la misma, a la falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
     
     

Actualizado a enero de 2018  el folleto informativo que recoge toda la normativa vigente en materia de integración laboral de las personas con discapacidad. En este folleto se resumen los tipos de contratación y las ayudas que se destinan a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Se trata de un compendio de las medidas existentes hasta el momento que pretende servir de guía tanto a empresas e instituciones como a los trabajadores. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

Muchas empresas buscan la competitividad en la reducción de costes, siendo la búsqueda de la reducción del coste de la mano de obra una constante para muchas de ellas, que no dudan en deslocalizar centros de producción si con ello mejoran los costes de su actividad productiva.

El coste de la mano de obra, como se ve desde el punto de vista de los empresarios, o la búsqueda de un salario digno que compense el esfuerzo realizado por el trabajador, como se ve, desde la parte del que intercambia su esfuerzo por un salario, es caballo de batalla entre los trabajadores, representados por los sindicatos y los empresarios, representados por las patronales.

Sin embargo, no todas las empresas siguen la línea de buscar su ventaja competitiva en pagar lo menos posible a sus trabajadores, otras empresas han desarrollado políticas salariales con mucho éxito, basadas en todo lo contrario.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a María Luz García Paredes, hasta ahora destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Luis Gilolmo López.

García Paredes ha obtenido 13 de los 20 votos emitidos en el Pleno, al que no asiste el vocal Álvaro Cuesta. El también aspirante al puesto Ricardo Bodas Martín ha obtenido cinco votos, Juan Carlos Iturri Gárate uno y Juan Molins García-Atance también uno.

La nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1980 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Distrito de Posadas (Córdoba), para servir luego en Juzgados de Distrito de Tarragona, Alcalá de Henares y Madrid.

En 1987 se convirtió en titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Leganés y un año después de la Magistratura de Trabajo –luego Juzgado de lo Social- número 7 de Madrid.