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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra portuguesa de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Mendes Godinho, han suscrito hoy un protocolo de cooperación centrado en los trabajadores transfronterizos, aquellos que a diario cruzan la frontera para trabajar en Portugal o en España.

Tras la firma en Lisboa en diciembre de 2020 entre ambas ministras de una Declaración de Intenciones, que reforzaba la cooperación bilateral en materia de empleo, seguridad y salud en el trabajo, inspección de trabajo y economía social, en marzo de este año se suscribió un Plan de Actividades conjunto.

En Trujillo, Mendes y Díaz han dado un nuevo paso para profundizar en esa colaboración a fin de facilitar el desarrollo económico y social de esos territorios junto a la frontera con la firma de un protocolo de cooperación para la próxima aprobación de ambos países de un Estatuto de los Trabajadores Transfronterizos, que servirá para la mejor garantía de los derechos laborales y de protección social de estas personas trabajadoras y para aumentar sus oportunidades a fin de acceder a empleos de calidad.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, lo que permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital.

Desde la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión se trabajará en el impulso de proyectos pilotos con administraciones y entidades sociales, a través de una metodología escalable, basada en datos y evaluación, que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados, es decir, las más eficaces en el objetivo de la inclusión. Se firmarán 16 convenios antes de que termine el año y serán financiados con 109 millones del Plan de Recuperación.

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de algunos de los artículos del RDL 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas del llamado "escudo social" que expiran el 31 de octubre, sincronizando el escudo social con el otro gran instrumento de protección social adoptado por el Gobierno, los ERTEs.

Por otra parte, este Real Decreto-Ley incluye una modificación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a La Palma, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de adaptar la prestación por cese de actividad de autónomos a las necesidades específicas de la isla provocadas por la erupción del volcán cumbre vieja.

El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.

Tras esta primera lectura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciará propiamente la tramitación del Anteproyecto de Ley que constará de audiencia e información pública, informes preceptivos, y demás trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

En el ámbito de la gestión y dirección de recursos humanos es relativamente habitual la utilización de Excel, ya que su versatilidad permite el diseño de diferentes tipos de plantillas de gran utilidad para este departamento.

Entre las hojas de cálculo más apreciadas por los responsables de recursos humanos, se encuentran aquellas que facilitan la evaluación del desempeño de los trabajadores, ya que ayudan a valorar la contribución de estos a la empresa y facilitan el pago de incentivos y de revisiones salariales.

• La ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
  Pilar Llop: “La norma pretende situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea".
• El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

Impulsada por el Ministerio de Justicia, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

• Este nuevo régimen jurídico simplifica los procedimientos y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno
  
• Hasta 11 comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración muy positiva de la reforma
  
• El cambio normativo evitará, por ejemplo, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, modificando el régimen jurídico de menores y extutelados para favorecer su integración. Con la reforma aprobada hoy, se pone fin a la situación actual en la que, de facto, se impedía la inclusión de los menores no acompañados y los jóvenes extutelados.