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 Las políticas sociales son importantes en todas las etapas de nuestra vida. Obtenga más información sobre la legislación de la UE en la que trabaja el Parlamento.

Una amplia gama de retos

En comparación con el resto del mundo, Europa cuenta con los mejores niveles de protección social y ocupa un lugar destacado en términos de calidad de vida y bienestar. Sin embargo, Europa se enfrenta a una amplia gama de desafíos: los efectos de la crisis siguen siendo profundamente sentidos en muchos Estados miembros y, aunque las cosas ya han mejorado en muchos países, siguen existiendo grandes disparidades en la Unión Europea: las tasas de desempleo disminuyen en general, pero varían considerablemente entre los Estados miembros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público con 2.528 plazas para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y suscrito con las principales organizaciones sindicales.

Oferta de Empleo Público para la estabilización PGE 2018

Las 2.528 plazas que hoy se aprueban, sumadas a las de los procesos de estabilización recientemente aprobados, alcanzan las 10.392, de ellas, 5.003 son de la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social con objeto de cubrir una laguna legal que perjudicaba a algunos empleados públicos. Es el caso de los trabajadores del Parque Móvil que dependen orgánicamente de un organismo, pero, además, cobran alguna remuneración o compensación directamente de los organismos públicos a cuyo personal prestan servicio funcionalmente. Hasta el momento, no se estaba cotizando por esa parte de su salario.

El sujeto obligado a cotizar es el empresario, pero, por un lado, las entidades de las que este personal depende orgánicamente no resultan responsables de la cotización por esta remuneración, que no sale de sus presupuestos. Y, por otro, las entidades públicas de las que dependen funcionalmente estos trabajadores ni tienen la condición de empresarios, ni ninguna norma les habían designado responsables de pagar esa cotización, como sí se hace ahora con esta modificación.

La comunicación es un arte que los directivos y responsables de RRHH de las empresas deben dominar para conseguir que la comunicación que se realiza dentro de la empresa sea fluida y cumpla con su finalidad de la manera más eficiente posible. Elegir el mejor lugar, tiempo y forma para realizar una comunicación puede suponer la diferencia entre un mensaje bien aceptado por un equipo, a pesar de que no sea una buena noticia, o convertir una buena noticia en un desastre de consecuencias impredecibles.

En el hábitat de una empresa conviven diferentes tipos de profesionales, con diferentes niveles educativos, que pueden percibir la información transmitida de diferente manera en función del puesto de trabajo que ocupen, o en función de sus circunstancias personales o profesionales en el momento de recibir la comunicación.

Se ha votado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras dando respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga el cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En este caso, ha salido adelante por 132 votos a favor, 4 en contra y 212 abstenciones y se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán incluirse enmiendas.

También se debatieron dos últimos reales decretos-leyes correspondientes al Consejo de Ministros del 28 de diciembre. Se trata del Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles, que se ha convalidado con 346 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. La solicitud de tramitarlo como proyecto de ley también fue aprobada.

La Seguridad Social ha incrementado de oficio el porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación de viudedad del 56% al 60% a los beneficiarios de esta prestación con 65 años o más y sin ingresos por encima de los 7.569 euros al año. La subida, de la que se van a beneficiar 414.050 personas de las cuales 409.429 son mujeres, se incorpora ya en la nómina de este mes de enero.

Esta medida está contemplada en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, aprobado por el Gobierno en diciembre. Con su aplicación, la prestación media del colectivo de viudas que reúne los requisitos para tener derecho a la mejora ha pasado de 814,54 euros mensuales a 847,71 euros/mes, lo que supone un incremento del 4,07%. La pensión media experimenta una subida mensual de 33,17 euros, lo que significa un crecimiento anual de 464 euros.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha presentado el Presupuesto de su Departamento para 2019. Las cuentas públicas se caracterizan por el refuerzo del Estado de Bienestar, la protección de los más vulnerables, la mejora de las perspectivas de empleo estable y de calidad y la apuesta por una política migratoria integral.

Estos presupuestos contienen el mayor gasto social desde el año 2009, un 57,3% respecto al total del gasto. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social asume más del 80% de todo el gasto social del Estado.