Noticias

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas que contempla medidas en materia laboral para preservar la salud de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad al aire libre.

Nuevas voces se alzan en contra del teletrabajo, entre ellas la del CEO de OpenAI, Sam Altman, que ha expresado su escepticismo sobre el teletrabajo en una publicación en su blog personal.

Hasta la llegada del coronavirus SARS-CoV-2, el teletrabajo era una opción con no demasiada implantación en nuestro país, ya que solo era utilizado por el 4,3% de los trabajadores, según se reflejaba en una estadística de Eurostat. Sin embargo, tras el decreto del estado de alarma y el obligado confinamiento, se convirtió en una obligación para muchos trabajadores y en un salvavidas para muchas empresas al permitirles seguir trabajando.

Con la paulatina desaparición de las restricciones y, desde hace unos días, el fin de la emergencia internacional por la Covid-19, decretado por la OMS, cada vez se alzan más voces en contra del teletrabajo.

Conviene recordar que el teletrabajo no es simplemente hacer el mismo trabajo en casa que antes se realizaba en la oficina, ya que supone dotar a los trabajadores de la infraestructura necesaria, mantener o mejorar los niveles de eficiencia, medir el desempeño con indicadores y adaptar las reuniones y los proyectos, utilizando para ello distintos métodos y tecnologías para que todo funcione de manera correcta.

Las Organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las Organizaciones sindicales CCOO y UGT han suscrito el presente V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC).

Según indica su Preámbulo , se destaca que emana del “ principal fruto del diálogo social tripartito del último periodo en el ámbito laboral, el Acuerdo alcanzado en diciembre de 2021 sobre reforma laboral,  plasmado en el Real Decreto-ley 32/2021 (…) siendo  innegable que los primeros resultados apuntan a un acierto en las medidas acordadas por cuanto están contribuyendo a erradicar ciertas patologías de nuestro mercado laboral, como la alta temporalidad o la destrucción masiva de empleo en épocas de crisis y se ha fortalecido el papel de la negociación colectiva, medidas que repercuten sin duda en la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, y en la productividad de las empresas”.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2023.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

Este real decreto modifica el vigente Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa" (en adelante, el "DIE" o el "distintivo").

El DIE es un distintivo empresarial que reconoce a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores. Su creación se dispuso por medio del artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y su regulación se recoge en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa". Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 850/2015, de 28 de septiembre, para actualizar y mejorar determinadas cuestiones relacionadas con la participación, valoración y el procedimiento para entregar el distintivo, entre otras cuestiones.

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio sobre seguridad y salud en la construcción y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

El Convenio nº 167 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en la construcción fue adoptado en Ginebra, el 22 de junio de 1988.

La legislación española resulta compatible con el contenido del Convenio, específicamente el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como el Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo, y el Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2023.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos (RGPD), considera dato personal «toda información relativa a una persona física identificada o identificable».

Entre los datos objeto de protección que se regulan en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y que se desarrollan en el RGPD se encuentran la información relativa a la vida académica, profesional o laboral que se maneja en un proceso de selección de personal.

La legislación de protección de datos es de aplicación al tratamiento de datos efectuado por un empleador respecto de las personas trabajadoras, sin perjuicio de que el artículo 88 del RGPD permita que, mediante disposiciones legales o convenios colectivos, se establezcan «normas más específicas» con la finalidad de ofrecer una mejor y más adaptada protección del derecho a la protección de datos en el campo de las relaciones laborales.